“Aquí se acabó la observación”, sentenció Ortega, de 71 años, el pasado 4 de junio, cuando fue proclamado por los sandinistas para aspirar a un cuarto mandato y tercero consecutivo, lo que parece seguro de acuerdo con la única encuestadora que ha revelado datos con vistas a los comicios, la nicaragüense M&R Consultores.
La tendencia “está marcada”, dijo a Efe el director de M&R Consultores, Raúl Obregón, en referencia a la ventaja de Ortega, que se presenta como pragmático y moderado en este proceso, muy diferente al joven comandante guerrillero y marxista de la década de 1980.
Ortega, único candidato presidencial sandinista desde la década de 1980 y quien ha estado ausente de la campaña, supera el 66 % de intención de voto, y su más cercano rival es el exguerrillero de la “Contra” Maximino Rodríguez, de la alianza que encabeza el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con un 8 %, de acuerdo a M&R.
El líder sandinista, que coordinó una Junta de Gobierno tras la caída de los Somoza (1979-1985), gobernó Nicaragua por primera vez de 1985 a 1990, inició su segundo mandato en 2007 y el tercero en 2012, cuando fue reelegido en unas cuestionadas elecciones celebradas en noviembre de 2011.
El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los comicios 2011 indicó que su misión de acompañamiento detectó irregularidades.
La UE señaló que Nicaragua sufrió entonces un “retroceso” en su “calidad democrática”, y el estadounidense Centro Carter afirmó que los jueces electorales organizaron y celebraron en 2011 los comicios “más opacos” de los últimos veinte años en ese país.
Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), un ente señalado de estar dominado por el sandinismo, ha dicho que corresponde a los nicaragüenses, con vistas al proceso del 6 de noviembre, la labor de vigilar los comicios y no a un comité de extranjeros.
Así, unos 5.000 representantes universitarios, entre ellos personal del Consejo Nacional de Universidades que dirige el asesor presidencial, Telémaco Talavera, entre otros, han sido autorizados a presenciar los comicios, además de un grupo de 14 representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.
“Estas elecciones se van a hacer con las reglas del juego de Ortega, no con las reglas del juego legal y constitucional de Nicaragua”, declaró a Efe la escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien consideró “muy difícil” que Ortega pueda legitimar un eventual triunfo en unas elecciones cuestionadas, además, porque no participará el principal bloque opositor.
Hace cinco meses el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sí tenía un rival importante en el Partido Liberal Independiente (PLI), pero en junio pasado el Supremo quitó la representación de esta organización al excanciller Eduardo Montealegre, hasta entonces máximo líder opositor, para otorgársela a Pedro Reyes, un hombre sin casi actividad política.
Si bien la legalidad y legitimidad de Ortega “es cuestionable”, tampoco se puede negar “la efectividad de su Gobierno hasta hora” en política macroeconómica, seguridad ciudadana y alianza con el sector privado y sindicatos, manifestó por su lado el analista Arturo Cruz.
Ortega ha tenido como principal ayuda la cooperación de Venezuela, que suman 4.659,7 millones de dólares desde que retornó al poder en enero de 2007, fondos que administra al margen de la ley del presupuesto nacional y que financian programas sociales.
Los sandinistas alegan que la popularidad de Ortega también se debe a la alianza de consenso que mantiene con el sector privado y los sindicatos, que le ha permitido a Nicaragua gozar de estabilidad económica y ser el país de la región, después de Panamá, con mayor crecimiento económico en los últimos cinco años.
Unos 4,34 millones de nicaragüenses están habilitados para elegir el 6 de noviembre próximo a un presidente, vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
Luis Felipe Palacios
