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Política
sábado 9 de julio de 2016, 01:00

Ordenan detención de dos militares por caso Escuela de Infantería

La Corte Suprema de Justicia Militar ordenó la detención del Cnel. DEM Armando Félix de la Huerta Dávalos y del Cnel. DCEM Hugo Marcial Trinidad Cáceres, en el marco de las investigaciones que se llevaron a cabo tras la publicación de nuestro diario sobre obras en la Escuela de Infantería de Chaco’i que no culminaron, pero fueron pagadas en su totalidad, causando un gran daño patrimonial al Estado. En este hecho, también estaría involucrado el actual comandante de las Fuerzas Militares Luis Gonzaga Garcete.

La detención de los citados militares fue dispuesta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Militar, Gral. de Brigada Pastor Agüero Alder. Los uniformados castrenses deberán prestar medidas restrictivas en la prisión militar de Viñas Cué. El juez que está llevando la causa es el Tte. Cnel. Julio Vargas.

Antecedentes. El hecho ocurrió en el 2011, cuando las Fuerzas Armadas firmaron un contrato con la empresa Marraing para la ejecución de obras en la Escuela de Infantería, ubicada en Vista Alegre, Chaco’i, por un valor total de G. 3.523.197.006, que, sin embargo, no llegaron a concluir.

La firma, luego de recibir el pago anticipado por parte de las autoridades militares, abandonó los trabajos. No obstante, años después, el actual comandante de las FFMM, Luis Gonzaga Garcete, comandante del Ejército en ese entonces, aceptó, según consta en planillas y en documentaciones a las que accedió ÚH, el pago de indemnización por una suma irrisoria. Otros altos jefes castrenses también tuvieron participación.

De acuerdo con los documentos, el monto inicial del contrato suscripto en fecha 9 de mayo de 2011 fue de G. 3.289.900.000. El 14 de diciembre de ese mismo año se acordó una ampliación de G. 233.297.006.

Según consta en los documentos, estos dos últimos pagos realizados –sin certificación de obras– fueron justificados por el coronel Armando de la Huerta, en su declaración testifical, en fecha 23 de febrero de 2015, al mencionar que los desembolsos se produjeron ya que se llegaba a la segunda quincena del mes de noviembre de 2011, y de acuerdo al plan financiero vigente en ese entonces, se corría el riesgo de no poder ejecutar el saldo pendiente.

Es decir, hubo irregularidades en el proceso de ejecución en el sentido de que el valor del contrato fue pagado en su totalidad, sin que la firma adjudicataria haya terminado los trabajos. Luego de la publicación, comenzó una investigación.