La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “pretende dar un barniz de legalidad a la criminalización de la protesta”, dijo el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, al referirse a la decisión difundida el martes.
“Pretende amordazar y amarrar al país. Prohíbe las protestas ciudadanas”, agregó Torrealba en su programa radial.
En un fallo que ordenó al Parlamento, de mayoría opositora, “abstenerse” de realizar un juicio contra el presidente Nicolás Maduro por su supuesta responsabilidad en la grave crisis del país, el TSJ también prohibió “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales”.
La sentencia se conoció tres días después de que delegados del Gobierno y la MUD acordaran, en una mesa de diálogo auspiciada por el Vaticano, trabajar para la “normalización” de las relaciones entre los poderes públicos, tensas desde que la oposición tomó el control del Legislativo en enero.
Uno de los negociadores de la oposición, Carlos Ocariz, tildó de inconstitucional la decisión sobre las protestas, pues a su juicio “está quitando derechos fundamentales”.
La MUD llamó para este jueves a una movilización hacia la sede de la Nunciatura, en el este de Caracas, para protestar contra la medida.
La alianza había anunciado que retomaría su agenda de protestas callejeras, después de lo que llamó una tregua en el marco del diálogo, que incluyó la suspensión de una marcha hacia el palacio presidencial y el aplazamiento del juicio parlamentario contra Maduro.
Sin ofrecer mayores detalles, Ocariz adelantó que la MUD también acudirá al TSJ para presentar un recurso de amparo contra la sentencia. afp
