20 abr. 2024

Oposición no descarta reconsiderar juicio político, pero sobre una agenda

El eventual acuerdo del Poder Ejecutivo al nombramiento de Linneo Ynsfrán como ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sería un punto de partida para que la oposición revise su postura sobre otros aspectos, entre los cuales se puede mencionar al juicio político a tres ministros de la máxima instancia judicial.

Diálogo.  Las diversas bancadas del Senado conversan sobre eventuales acuerdos en temas de interés común.

Diálogo. Las diversas bancadas del Senado conversan sobre eventuales acuerdos en temas de interés común.

Se trata del juicio, que “duerme” en el Senado, a Óscar Bajac, César Garay Zuccolillo y Sindulfo Blanco, todo ellos acusados por la Cámara de Diputados por mal desempeño de sus funciones, entre otras cosas.

Según informaciones manejadas en el ámbito político, Cartes empezó a sondear a los senadores disidentes la posibilidad de otorgar el acuerdo a Ynsfrán a cambio de reflotar el juicio político.

El senador Carlos Amarilla, del PLRA, quien integra la multibancada con otros sectores socialistas de la Cámara Alta, señaló que un acuerdo del Ejecutivo a Ynsfrán obligaría a “una revisión y reevaluación” de la postura de su sector sobre el tema del juicio político, sin que ello suponga su aceptación inmediata.

Sin embargo, expresó que si el Ejecutivo niega el acuerdo al designado por los senadores para la Corte, definitivamente “se clausura la posibilidad de hablar sobre el juicio político”.

“No podemos seguir creando vacancias en la Corte para que el Ejecutivo imponga su candidatura”, subrayó.

Sobre cómo quedaría el acercamiento de la multibancada y el G15 dijo que el diálogo sigue sin prisa, porque se pretende tener una agenda legislativa mínima a más de la definición de los candidatos a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo.

Recordó que la agenda deberá incluir la modificación del artículo 52 de la ley de APP, de manera tal a devolver al Congreso la potestad de decidir sobre los contratos internacionales. También pretenden la revisión de la ley de Seguridad, desde el punto de la eficacia o no de la Fuerza de Tarea Conjunta en el Norte.

Otra ley que está en la mira del sector progresista es la de Obras Públicas, que permite el endeudamiento soberano, sin la participación del Congreso. En ese punto advirtió que si se usa “ese atajo inconstitucional, el presidente de la República y el ministro de Obras Públicas se exponen seriamente a acciones penales”.

Amarilla finalizó resaltando que la conversación en el Senado se amplía a otros sectores, como su partido el PLRA, y que se apunta a tener una mayoría de dos tercios, “más de 30 votos”.

Richer. Por su parte, el senador del Frente Guasu, Hugo Richer, también integrante de la multibancada, expresó que un posible acercamiento del Ejecutivo hacia el G15 para “negociar” el acuerdo para Ynsfrán a cambio de reflotar el juicio político sería normal, ya que son del mismo partido.

Reconoció que el acercamiento “va influir” en las conversaciones que ellos mantienen con el sector disidente colorado, pero recordó que dialogan con todas las bancadas del Senado, a fin de trabajar en conjunto sobre una serie de temas.

Resaltó que el diálogo de la multibancada con otros sectores es más amplio y constante, y que por ello aprovechan la coyuntura que se da, en ocasiones por cuestiones ideológicas como la oposición al neoliberalismo, y hasta las surgidas por el “enojo” con el presidente de la República, que luego deriva en el apoyo a las propuestas de la multibancada en temas específicos.

Richer recordó el lobby realizado por el Ejecutivo para evitar la designación de Ynsfrán, pero al final no se dio esa mediación.

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