La legislación dice en su artículo 6º que “El funcionario que indebidamente y en beneficio propio o de un tercero, use o permita a otro el uso de bienes del Estado, será castigado con pena de multa. La misma pena se aplicará al funcionario que utilice ilegítimamente, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por el Estado”.
De acuerdo a la senadora Desirée Masi, este apartado en específico fue el trasgredido con la decisión de transmitir íntegramente por el canal a cargo de la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom) el acto de presentación de candidatura del candidato oficialista para la Junta de Gobierno del Partido Colorado, que se realizó en el predio de la SND.
“Ni con el otro candidato de la ANR hicieron (transmitir un evento en vivo). Esto es solo para el club de los obsecuentes; no importa el color”, disparó la legisladora del Partido Demócrata Progresista (PDP) en sus redes sociales. "¿O Tabesa compró la TV Pública?”, ironizó.
Por su parte, el también senador por el PDP y ex fiscal Arnaldo Giuzzio, en comunicación con ULTIMAHORA.COM criticó el hecho y dejó entrever que verán la posibilidad de, al culminar el receso parlamentario, presionar desde el Congreso para que las entidades competentes investiguen el hecho.
“Es un mecanismo tradicionalmente utilizado por los gobiernos de turno, no tenemos madurez para separar el gobierno de las internas de los partidos (...) La Contraloría General va a ser fundamental para poder verificar lo ocurrido, del uso del patrimonio público”, afirmó.
Añadió que lo acontecido es “censurable desde todo punto de vista” aunque dijo que sería necesario ver si se tiene el mismo criterio para amplificar el eco de otros eventos partidarios, que no sean exclusivamente los del Partido Colorado.
Por su parte, Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia, añadió en una entrevista a ÚH.COM, que el acto definitivamente debe ser catalogado como corrupción, está penado por ley y los fiscales deben actuar de oficio considerando el contexto.
“Está penado por ley, los fiscales tendrían que actuar de oficio. Hay multas para las autoridades que permiten y los que hacen el uso. Para mi es una señal muy grave, hay muchos discursos contra la corrupción y poca voluntad política para cambiar las cosas”, refirió.
Igualmente, dijo que la utilización que se hace hoy día de la anterior TV Pública es un retroceso enorme y demuestra que las autoridades de turno tienen una gran confusión de conceptos “sobre todo entre lo público y lo privado”.
Tanto Giuzzio como Ferrara hicieron hincapié en que la propia ministra de la Secretaría Anticorrupción, María Soledad Quiñónez, estaba participando del acto que fue catalogado por numerosos sectores justamente de corrupto por el uso de bienes del Estado en beneficio de un partido político, en este caso del Colorado, que se encuentra en el Gobierno.
Intentamos contactar con la ministra Quiñónez para obtener sus respuestas a estas objeciones, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes.
