24 abr. 2024

ONU Mujeres: A.Latina no ha sido capaz de acabar con la violencia machista

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- América Latina muestra avances en la legislación a favor de los derechos de la mujer, pero aún no ha sido capaz de acabar con la violencia machista, afirmó en una entrevista con Efe la directora adjunta de la organización ONU Mujeres para la región y el Caribe, Lara Blanco.

Fotografía fechada el 7 de diciembre de 2016 de la directora de regional adjunta de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe, Lara Blanco, quien habla durante un evento en Tegucigalpa (Honduras). EFE

Fotografía fechada el 7 de diciembre de 2016 de la directora de regional adjunta de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe, Lara Blanco, quien habla durante un evento en Tegucigalpa (Honduras). EFE

Blanco, de nacionalidad costarricense, hizo un llamamiento a “reforzar los esfuerzos” para eliminar la violencia contra las mujeres en América Latina.

Enfatizó que la región “no ha sido hasta este momento capaz de cambiar las tendencias que se ven en términos de tasas de asesinatos de mujeres y de la violencia” que les afecta.

Dijo, además, que las mujeres son “víctimas” de violencia sexual y sufren “acoso callejero”, lo cual se percibe como una costumbre de los varones y no como una forma de violencia machista.

Blanco expresó su preocupación por los constantes asesinatos de mujeres en América Latina, donde se encuentran 14 de los 25 países del mundo con las tasas más altas de feminicidio, entre ellos Honduras y El Salvador, donde la tasa de muerte es de 10 por cada 100.000 personas, lo que representa “un problema de salud pública”, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Nos preocupa cualquier muerte, (pero) la muerte de cualquier mujer, por razones de género, es algo que todas las sociedades tienen que evitar”, subrayó.

En el caso de Honduras, cerca de 400 mujeres han muerto de manera violenta entre enero y noviembre de este año, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país centroamericano.

América Latina ha “sido pionera” en el andamiaje legal que protege a las mujeres, recalcó Blanco, quien también señaló que 19 países -más de la mitad de la región- han aprobado legislación para asegurar que el feminicidio sea debidamente investigado y sancionado.

Algunos países de la región también utilizan el mecanismo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará, que está conformado por un comité de expertas independientes encargadas de hacer el seguimiento de los informes de los países y emitir recomendaciones, añadió.

Enfatizó que los casos de asesinatos de féminas por razón de su sexo tienen una relación “con la desigualdad (y) la falta de posibilidades que tienen las mujeres de acceder a un trabajo y una remuneración igual”.

La experta solicitó a todos los Estados que trabajen en la prevención de los actos de violencia contra la mujer, investigando y castigando a los autores, protegiendo a la mujer contra esa violencia y suministrando reparaciones a las víctimas.

Para erradicar este tipo de violencia se necesita “aumentar la inversión” desde los Estados y promover cambios en el servicio público de justicia que garanticen el debido proceso.

La violencia de género es el resultado de una cultura patriarcal que tiene que ser modificada desde los jardines de infancia, donde los niños aprendan a desarrollar los lazos entre hombres y mujeres en condiciones iguales, señaló Blanco.

“No vamos a lograr revertir las tendencias de la violencia si no se invierte con suficiente financiamiento en lograr este cometido, se necesitan recursos (...) dirigidos a un cambio cultural y generar ambientes seguros para las mujeres”, enfatizó.

La representante de ONU Mujeres también pidió el fin de la impunidad que rodea los casos de violencia contra las mujeres en América Latina.

Para erradicarla, indicó la experta, es importante “asegurar que haya cero tolerancia en estos casos”, aplicar “protocolos de investigación” y capacitar “en procesos de persecución” a los funcionarios judiciales y los policías, al igual que “proteger a las víctimas y sus familias”.

Anny Castro

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