Ohio no lleva a cabo ninguna ejecución desde que en enero de 2014 el preso Dennis McGuire tuvo convulsiones tras recibir la inyección letal de midazolam, un sedante nunca antes probado y que también ha fallado después en otros estados.
Tras tres años de moratoria de facto, Ohio quiso reiniciar este 2017 las ejecuciones, pero varios jueces se lo han impedido al considerar que el midazolam puede provocar nuevos problemas.
El estado defenderá el 14 de junio la utilización de este sedante ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Sexto, que tiene sede en Cincinnati, una instancia inmediatamente inferior al Tribunal Supremo.
En 2015, el Tribunal Supremo sí autorizó el uso de este polémico midazolam, por lo que si el caso llega finalmente a su mesa es probable que le dé la razón a Ohio.
Ohio tenía previsto ejecutar este 10 de mayo a Ronald Phillips, por la violación y asesinato de la hija de su pareja, una niña de 3 años, en 1993. Su ejecución fue reprogramada para el 26 de julio.
El estado también tenía previsto ejecutar antes de la audiencia del 14 de junio a Gary Otte por asesinar a dos personas en 1992 durante unos robos. Su ejecución fue retrasada hasta el 13 de septiembre.
Ohio tiene 139 presos en su corredor de la muerte, 30 de los cuales con ejecuciones programadas hasta el 2021.
