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Editorial
sábado 1 de abril de 2017, 03:00

Oficialistas dan un duro golpe a la democracia paraguaya

que tanto se temía y esperaba, finalmente sucedió. Un grupo de senadores cartistas, luguistas y llanistas cometieron ayer un nuevo atraco político a la República al aprobar entre ellos, en una sesión paralela y a puertas cerradas en la bancada del Frente Guasu, el proyecto de enmienda de la Constitución para imponer la figura de la reelección presidencial. El hecho implica una abierta violación de la Carta Magna. El entorno del Gobierno y sus aliados políticos desatan de esta manera una grave crisis institucional en el Paraguay, con su obsesión por lograr la reelección presidencial. Este atropello al estado de derecho es inaceptable, como es inaceptable la violencia desatada ayer por la Policía Nacional.

Para consumar este golpe parlamentario tuvieron que pasar por encima de varias normas legales. Desde instalar una presidencia paralela del Senado, aprobar un nuevo reglamento de cuestionada validez, y un proyecto de enmienda constitucional que busca habilitar la reelección presidencial.

Tras idas y vueltas, más un sinfín de negociaciones, finalmente los aliados pro enmienda sesionaron ayer en forma irregular para aprobar el documento en una sesión paralela. El proyecto pasó a Diputados, donde se supone tendrá un trámite rápido ya que el oficialismo tiene mayoría en esta cámara.

La crisis política desatada ensombrece una vez más la imagen del país a nivel internacional, por la falta de respeto a la institucionalidad democrática.

La violencia desatada en la tarde y noche de ayer, inmediatamente después de haber sido pergeñado el atropello a la institucionalidad del país, es absolutamente inaceptable.

El país y el mundo, incluyendo a los 4.000 participantes de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID que se desarrolla en nuestro país, fueron testigos, en vivo y en directo a través de la transmisión de los canales de televisión, de la extrema represión en contra de ciudadanos manifestantes e incluso parlamentarios.

La represión por parte de la Policía Nacional, con balines de goma, carros hidrantes y la montada, retrotrajo a la memoria no solamente a aquellos trágicos sucesos del Marzo paraguayo de 1999, sino aun peor, a los tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando los paraguayos no teníamos el derecho de manifestar nuestras opiniones adversas al gobierno.

La obsesión por aprobar la enmienda para favorecer al actual presidente Horacio Cartes y al ex presidente Fernando Lugo, principales operadores de la maquiavélica conspiración desde las sombras, hace que el Paraguay retroceda nuevamente en su historia, borrando las importantes conquistas logradas hasta ahora en términos de seguridad jurídica e institucionalidad democrática.

Los 25 senadores que cometieron el atropello, sumados al presidente de la República Horacio Cartes y el ex presidente Fernando Lugo, son responsables directos del quiebre de la democracia en el Paraguay. Son responsables también de la violencia que se desató una vez más en nuestro país.

Este atropello a la Constitución Nacional causa un inmenso daño a la Nación. La grave crisis desatada afecta sin dudas a nuestro endeble sistema jurídico y constitucional. Por eso, es imperioso y urgente que retornen la calma y la racionalidad, la clase política no debe volver a conducirnos a un escenario de violencia e intolerancia. El Paraguay no se merece esto. Es indispensable apostar al diálogo para corregir las arbitrariedades, deslindar responsabilidades, sancionar a los responsables y restaurar la república.