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martes 12 de julio de 2016, 13:46

Ocupación continuará en sala de juicio oral tras sentencia del caso Curuguaty

Los grupos de activistas de Derechos Humanos, abogados y familiares de campesinos condenados decidieron permanecer en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia por tiempo indefinido. La ocupación se realiza en repudio a la sentencia contra los labriegos por el caso Curuguaty.

"La postura es permanecer en el lugar", expresó el abogado Amelio Sisco, uno de los integrantes de la defensa de los campesinos que enfrentaron el juicio oral y público por la matanza de Curuguaty.

De esa forma, los activistas de Derechos Humanos, abogados y familiares de campesinos condenados seguirán ocupando la sala de juicios orales del Palacio de Justicia. La manifestación de repudio se realiza tras la lectura de sentencia contra los 11 labriegos.

Al principio quedaron en el recinto unas 20 personas y actualmente están entre 17. Los tres restantes debieron salir por cuestiones sanitarias, pero posteriormente estarían regresando, explicó Sisco a los medios de prensa, informó el periodista de ÚH, Raúl Ramírez.

Señaló que la presencia de ellos en la sala de juicios orales será por tiempo indefinido y estará sujeto a las medidas a ser tomadas en los próximos días. Si las organizaciones les piden salir a la calle y realizar una movilización "por la injusticia" lo harán.

"La permanencia es justamente por la indignación y para explicar a la ciudadanía lo que ocurrió en el caso Curuguaty, para que no quede como un hecho aislado", afirmó.

Más temprano, el abogado Alberto Alderete explicó que no se realizó una toma sino que permanecieron en el sitio como reclamo a una sentencia "arbitraria e ilegal". Indicó que en todo momento la puerta permaneció abierta.

Los 11 campesinos fueron condenados por la matanza de Curuguaty. A pesar de los gritos del público, el fallo judicial fue leído ante todos, dando condenas de 30 años de cárcel y 5 de medidas de seguridad para el principal acusado, Rubén Villalba.

Los demás recibieron sanciones de entre 20 y 4 años de encierro. Según los jueces, se probó la existencia del homicidio doloso, además de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.

Así, se puso fin al juicio donde se investigaba la muerte de 6 policías –pero no la de 11 campesinos–. El hecho ocurrió el 15 de junio de 2012, que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.

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