Cuando ya se consideraba cerrado el capítulo de la controvertida adjudicación de obras de modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por la modalidad de la Alianza Público Privada (APP), luego de que un dictamen de la propia Contraloría General de la República (CGR) recomendó que se cancele todo el proceso y se declare desierta la licitación por irregularidades, ahora las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) han decidido recurrir a la Justicia, presentando ante el Tribunal de Cuentas una acción de nulidad contra el dictamen de la Contraloría.
La medida sorprende, teniendo en cuenta que hasta el propio presidente de la República, Horacio Cartes, había admitido públicamente que el proceso de adjudicación de la APP del Aeropuerto debía regresar a fojas cero, ante los cuestionamientos. Sin embargo, ahora los titulares del MOPC y la Dinac parecen decididos a desoír a la Contraloría y a los demás sectores que cuestionan, buscando el respaldo del Tribunal de Cuentas para iniciar las obras.
Cabe recordar que los primeros cuestionamientos partieron de los directivos de un consorcio de empresas integrado por Cedicor (Argentina) y Caminos Viales (Uruguay), que fueron eliminados de la licitación y en diciembre de 2016 denunciaron ante el Congreso que se habían cometido irregularidades en el proceso para favorecer al consorcio liderado por la empresa española Sacyr.
Tras la intervención de la Contraloría, finalmente el propio contralor Enrique García recomendó al ministro de Obras Públicas, Ramón Giménez Gaona, que se cancele todo el proceso y se declare desierta la licitación, principalmente porque la cartera no realizó un proceso de precalificación a las empresas que participaron del llamado. El secretario de Estado pidió la reconsideración del organismo contralor, pero el mismo se ratificó en su postura de que el proceso debe ser cancelado.
Ahora, sin embargo, el MOPC y la Dinac aparecen nuevamente decididos a que la cuestionada empresa española Sacyr lleve a cabo la obra y para ello recurren a la Justicia, pidiendo que el Tribunal de Cuentas anule el dictamen de la Contraloría. Más allá de cuál sea la respuesta a esta presentación, resulta evidente que las autoridades tienen una suerte de obsesión a que esta empresa realice el trabajo a toda costa, aun con todas las acusaciones.
Lo más prudente sería volver a licitar con total transparencia una obra pública sobre la que existen dudas; de lo contrario, siempre quedarán las sospechas por parte de la ciudadanía.
