16 abr. 2024

Obligar a los productores a pagar el impuesto inmobiliario

Resultan reveladores los datos del Servicio Nacional de Catastro, que registran un 87 por ciento de evasión del impuesto inmobiliario en el sector rural y 60 por ciento en el sector urbano, estableciendo que los grandes productores rurales son los mayores evasores, especialmente los ganaderos, sobre todo los que se encuentran en la Región Occidental. Esto muestra que muchos de los que más se benefician de la dinámica productiva son quienes menos cumplen sus obligaciones impositivas, a pesar de la gran reducción que hubo en los valores fiscales. En este caso, los principales perjudicados son los municipios del interior del país. Al no pagar, se traba el desarrollo de las comunidades. Hay que encontrar un sistema para obligar a que cumplan con sus obligaciones.

Muchos de los que más se benefician con la dinámica productiva de la economía son quienes menos cumplen con sus obligaciones fiscales.

Es lo que se confirma al darse a conocer los últimos datos preliminares proveídos por el Servicio Nacional de Catastro, que registran una evasión del 87% en el impuesto inmobiliario, en el sector rural, y un 60% en el sector urbano, en los cuales se establece que los principales evasores son los grandes productores, especialmente los ganaderos establecidos en la Región Occidental.

La situación afecta principalmente a los municipios del interior del país, que dejan de percibir una importante fuente de ingreso para financiar sus programas de desarrollo.

Ya se había producido una sensible disminución cuando, tras haberse aprobado la Ley 5513/15, que modificó la Ley del Impuesto Inmobiliario, se había incrementado el valor de las tierras fiscales, pero las protestas de los productores agropecuarios acerca del monto del impuesto inmobiliario que debían pagar (con una tasa que se mantiene en el 1% del valor) hicieron que el Poder Ejecutivo, a mediados de agosto, reduzca hasta en un 50% los valores fiscales en varios municipios, bajo el argumento de que los pequeños productores no podían pagar el nuevo valor del impuesto inmobiliario.

Sin embargo, según los datos que brinda el Servicio Nacional de Catastro, son los pequeños productores quienes más abonan los tributos municipales, mientras los grandes productores son los que más se mantienen en mora.

El fenómeno resulta llamativo, ya que el sector ganadero es considerado uno de los más beneficiados con la dinámica de la productividad en términos económicos, al haberse convertido el Paraguay en el sexto país exportador de carne a nivel mundial.

Esta bonanza del sector productivo no se redistribuye, sin embargo, en igual proporción en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Es una percepción parecida a la que se tiene acerca del sector sojero, cuyos directivos gremiales vienen ejerciendo un fuerte lobby a nivel legislativo para que no se impongan ni aumenten los impuestos a la producción y exportación de granos, a pesar de que se lo considera uno de los sectores más beneficiados, al ser el Paraguay el cuarto exportador y el sexto productor mundial de soja.

Obviamente, la principal responsabilidad es del propio Estado paraguayo y de los municipios, en establecer mejores sistemas de control y de coerción, que obliguen a los grandes productores, principalmente ganaderos, a pagar el impuesto inmobiliario, pero también es necesario hacer un llamado a una mayor conciencia y responsabilidad de estos sectores.

Que ellos y toda la sociedad sepan que al evadir los impuestos están trabando importantes programas de desarrollo en las respectivas comunidades y dañando a la misma democracia.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.