Tras una serie de denuncias periodísticas sobre casos de corrupción con el uso de recursos del Estado y la negativa de las instituciones a proveer datos de interés público, finalmente se logró primero que la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2013, dé a conocer el Acuerdo y Sentencia N° 1306, que sentó jurisprudencia sobre el derecho humano de acceso a la información pública, consagrado en el Artículo 28 de la Constitución Nacional.
Posteriormente, en el Congreso se aprobaron dos importantes leyes: la N° 5189/14, “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, y luego la Ley N° 5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.
Desde entonces, todas las instituciones públicas, incluyendo a los gobiernos regionales, se encuentran obligadas a divulgar la información dentro del marco de transparencia activa a través de sus sitios web, y vinculándolas al Portal Unificado de Información Pública, al cual se puede acceder en el sitio: informacionpublica.paraguay.gov.py, posibilitando que cada ciudadano pueda controlar libremente la gestión de su municipio, gobernación o las distintas instituciones de los tres poderes del Estado.
Lamentablememte, a casi dos años de vigencia de estas leyes, son pocas las instituciones que las cumplen y permiten el libre acceso. Los que se encuentran más en falta son los gobiernos municipales, ya que de 257 municipios que existen en el país solamente 35 están adheridos al portal de información, de acuerdo a una publicación de este diario, en su edición de la víspera. En el caso de las gobernaciones existe un mayor cumplimiento, ya que de 17 departamentos son 10 las que cuentan con acceso digital a aspectos de su gestión.
A pesar de que el propio Gobierno central se embandera con la transparencia, son también varias las instituciones estatales que incumplen varios aspectos exigidos en estas leyes, y que lamentablemente mantienen la cultura del secretismo.
Aunque han existido avances importantes en la materia, todavía hay una gran deuda pendiente con la transparencia. Los propios ciudadanos deben tener mayor conciencia acerca de la utilidad de estos recursos jurídicos y disponerse a utilizarlos con más frecuencia. También los organismos destacados para el control, como la Secretaría Nacional Anticorrupción, deben sancionar a quienes desacatan la ley, pero principalmente obligar a que la cumplan.
