Tras conocerse este jueves el empate de los jueces del Supremo sobre las medidas de Obama para frenar la deportación de casi cinco millones de indocumentados, el mandatario admitió que ya no tiene más margen de maniobra para regular por su cuenta el sistema migratorio, y pasó la pelota al próximo presidente y el próximo Congreso.
“He llegado al límite de mi capacidad ejecutiva. Ahora necesitamos que el Congreso actúe”, explicó Obama en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.
Así, Obama reconocía que durante los siete meses que le quedan en el poder no podrá implementar el alivio a la deportación que había prometido en sus medidas ejecutivas, y dejaba claro que el problema migratorio solo podrá resolverse a partir de las elecciones.
Obama ve así truncada su esperanza de tener un legado notable en inmigración, algo en lo que se ha esforzado a lo largo de sus dos mandatos y que muchos atribuyen a la inacción del Congreso, pero que sigue dejando en su expediente la mancha de haber deportado a más indocumentados que ningún otro presidente de EEUU.
El “deportador en jefe” -como le definió en 2014 la presidenta de la mayor organización hispana del país, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Janet Murguía- ha expulsado de EEUU a más de 2,5 millones de personas desde que llegó al poder en 2009, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las redadas de este año para deportar a decenas de inmigrantes indocumentados, la mayoría familias centroamericanas que llegaron al país a partir de 2014, han irritado también a muchos legisladores demócratas y grupos defensores de los derechos de los migrantes.
“El historial del presidente en cuanto a deportaciones es una decepción para los activistas de inmigración”, dijo a Efe Michelle Mittelstadt, experta del Instituto de Política Migratoria (MPI).
No obstante, admitió que, “como presidente, tiene que aplicar las leyes aprobadas” y que, en 2011, su Administración ajustó sus prioridades al respecto para centrar la mayoría de las deportaciones de indocumentados “en los criminales, aquellos que podían amenazar la seguridad pública y los que habían entrado hace poco” al país.
Ese cambio en las prioridades de deportación es la segunda acción más significativa que ha tomado Obama en materia de inmigración, superada únicamente por el alivio que concedió en 2012 a algunos “soñadores”, jóvenes indocumentados que entraron al país de niños y que quieren estudiar en la universidad o ingresar en el Ejército.
Esa última medida ha “cambiado la vida de más de 730.000" personas, que no han obtenido un estatus legal pero sí la garantía de que no se les deportará, según aseguró este jueves Obama.
Sin embargo, esos dos logros de Obama se consiguieron por la vía ejecutiva y podrán, por tanto, ser revertidos por el próximo presidente de Estados Unidos si éste así lo desea.
Desde el principio de su presidencia, Obama sostuvo que la única forma de lograr un cambio definitivo en el sistema migratorio del país era la vía legislativa, y en 2013 convirtió el tema en una prioridad y presionó al Congreso para aprobar una reforma, pero ésta se estancó en la Cámara de Representantes.
“Aunque lo intentó todo lo que pudo, Obama se enfrentaba a un ambiente político que se volvió tóxico en el Congreso”, aseguró a Efe la demógrafa Audrey Singer, del centro de estudios Brookings.
Algunos activistas le han reprochado no haber impulsado la reforma migratoria al comienzo de su primer mandato, cuando los demócratas controlaban el Congreso, pero según los expertos consultados por Efe esa crítica no es demasiado justa.
“La Administración tenía muchísimos temas pendientes cuando (Obama) llegó al poder” en 2009, recordó Mittelstadt.
“Algunos culpan al presidente por elegir la salud por encima de la inmigración. Aprobar la reforma sanitaria llevó más de lo esperado y, con tantos temas pendientes, podría haber sido poco realista prometer” también una reforma sanitaria, puntualizó.
Norman Ornstein, del Instituto de Empresa Estadounidense (AEI), fue más allá al asegurar a Efe que “en 2009 y 2010 no había votos suficientes en el Congreso a favor de una reforma migratoria”.
Para Ornstein, el legado de Obama en inmigración no está decidido aún y podría cambiar si el Supremo vuelve a examinar la legalidad de sus medidas migratorias una vez que cuente con un noveno juez en su bancada y pueda deshacer su actual empate.
“Aunque eso ocurriría una vez que Obama deje el poder, seguiría siendo parte de su legado”, apuntó.
Aún si eso no ocurre, una cosa está clara: a Obama “se le recordará por intentar usar sus poderes lo más ampliamente posible en una era de inacción en el Congreso en lo relativo a la reforma del sistema migratorio”, concluyó Mittelstadt.
Lucía Leal
