Tres de los transferidos a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) eran de origen afgano y los doce restantes de nacionalidad yemení, el grueso de los que tenía el visto bueno para ser liberados, pero no podían regresar a su país por miedo a que, debido a la inestabilidad del país, se sumaran a movimientos yihadistas.
Guantánamo es cuestión de números y fechas: La cifra de presos que han abandonando el penal creado en la base naval estadounidense en 2002, y los meses que restan para que el presidente estadounidense abandone la Casa Blanca en enero de 2017 y cumpla su promesa de cierre de la prisión heredada de George W. Bush.
Con estas transferencias quedan solo una veintena de aquellos internos de Guantánamo que están en prisión pero no se han presentado cargos en su contra y han recibido el visto bueno para ser transferidos a un tercer país, ya que el Congreso mantiene su moratoria en las transferencias a territorio estadounidense.
De los 41 restantes, siete tienen cargos en su contra, 17 son los llamados “prisioneros eternos”, que son considerados peligrosos, pero sus testimonios están tan marcados por torturas que sus casos no avanzarían en la justicia ordinaria, y otros 17 que esperan que su caso sea revisado o enviado a las comisiones militares, tribunales castrenses para presos de Guantánamo.
Obama, que en lo que va de año ha reducido la población carcelaria de Guantánamo por debajo del centenar, aún debe convencer al Congreso, de mayoría republicana, de que el cierre del penal es una buena medida para la estrategia de seguridad nacional.
Durante la campaña electoral, los candidatos a sucederle en la Casa Blanca han mostrado posturas contrapuestas sobre la prisión para combatientes de la llamada “Guerra contra el terrorismo”.
La candidata demócrata, Hillary Clinton, se ha inclinado por cerrar la prisión si Obama no consigue transferir a centros penitenciarios estadounidenses a los presos que no pueden, de momento, ser trasladados.
Por su parte, el aspirante republicano, Donald Trump, no solo ha abogado por llenar de nuevo las celdas de máxima seguridad de Guantánamo de terroristas extranjeros, sino también de sospechosos con nacionalidad estadounidense.
El Congreso se sigue resistiendo a que los sospechosos de terrorismo, algunos acusados por participar intelectual o materialmente en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. u otros ataques con víctimas de ese país, viajen a territorio estadounidense, así sea para pasar el resto de sus días entre rejas o para ser puestos en un corredor de la muerte.
Pese al impulso que han tomado los traslados, cerrar el penal de Guantánamo se ha convertido en una de las promesas de Obama más difíciles de cumplir, como muestra el hecho que seis de los quince transferidos llevaban más de seis años con el visto bueno para ser enviados a un tercer país y completar su liberación.
El congresista republicano Jeff Duncan, presidente del subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental (América), criticó hoy en un comunicado la decisión de transferir más presos y la decisión “unilateral” del presidente Obama de cerrar el penal.
En su opinión, el presidente “ignora los peligros de nuestros tiempos” y es síntoma de “una política exterior irresponsable que se ha convertido en una amenaza real”.
La Casa Blanca sostiene que la prisión de Guantánamo es un instrumento de reclutamiento yihadista, al servir de ejemplo de detención fuera de los estándares de la justicia ordinaria, al tiempo que su mantenimiento cuesta más de 400 millones de dólares anuales.
La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) celebró las nuevas transferencias de lo que considera un proyecto legal que es “una mancha” en la historia de Estados Unidos.
“Es vital que se aproveche este impulso. Si el presidente Obama no consigue cerrar Guantánamo, la próxima Administración puede volver a llenarlo con nuevos detenidos y se puede convertir en algo permanente”, indicó en un comunicado Naureen Shah, directora del programa de seguridad y derechos humanos de AI.
Jairo Mejía
