La Azucarera Iturbe SA, empresa prácticamente quebrada por mala administración y sin posibilidades de revertir su pasivo estimado de unos 85 millones de dólares, se convirtió de la noche a la mañana en motivo de “interés nacional” tanto para el Ejecutivo como el Legislativo. En ambos casos, se busca cargar al Estado el costo de solución de las consecuencias sociales del la paralización del ingenio privado.
El jefe de Estado, Horacio Cartes, presentó días atrás un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Hacienda a proveer 15 mil millones de guaraníes, que serán destinados al pago de la deuda que arrastra Iturbe con los cañeros, transportistas y obreros. La propuesta es puesta en duda por la inexistencia de una figura legal que respalde esta operación, además del alto riesgo de no recuperar el dinero.
EXTREMO.Mientras el debate de esta iniciativa del Ejecutivo aún está tibio, el senador colorado Gustavo J. Alfonso, del ala velazquista, secundado por su colega de partido Nelson Aguinagalde y los senadores Zulma Gómez (PLRA) y Fernando Lugo y Sixto Pereira, del Frente Guasu, presentó ayer un proyecto de ley que expropia el cien por ciento de las acciones, patrimonio y bienes del citado ingenio, que está en proceso de convocatoria de acreedores por 365 mil millones de guaraníes.
Si bien el proyectista argumenta que con esto se dará respuesta y solución efectiva al grave problema social que afecta a cerca de 80 mil habitantes de la zona de Iturbe, que dependen de la Azucarera, surge un fuerte tufo de trasfondo político interno de la ANR descontento con Cartes, atendiendo a que esta expropiación -propia del sistema chavista bolivariano de Gobierno- va en contra de la campaña gubernamental de atracción de inversiones privadas al país.
En conversación con ÚH, el senador Alfonso afirmó que su propuesta es más confiable que la del Ejecutivo, que difícilmente podría recuperar los 15 mil millones de la firma privada.
Sostuvo que se justifica nacionallizar esta empresa para garantizar que siga funcionando, porque “es un rubro rentable y seguir dando vida a los cañicultores y pobladores de la zona”.
Cuando se le señaló que precisamente el Estado nunca fue buen administrador de empresas, dijo que eso fue antes y ahora están encaminados con un nuevo rumbo para que eso ya no se produzca.
Sobre los recursos para pagar por la expropiación, dijo que “tenemos dinero de sobra”, en alusión a los recursos de los bonos soberanos. Subrayó que se trata de “salvar de la muerte segura a una ciudad y a tres departamentos y es el Estado el que debe determinar cuanto cuesta”.
