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Política
lunes 8 de agosto de 2016, 01:00

Nuevo intento de frenar narcodinero obliga a partidos a más controles

El nuevo proyecto presentado en Diputados establece regulaciones tanto para las campañas políticas de las internas como las generales, con más participación de los tribunales partidarios y del TSJE.

Nuevamente en la Cámara de Diputados fue presentado un nuevo proyecto que busca modificar la Ley de Financiamiento Político, el cual posee artículos que obligan a los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones a llevar una contabilidad minuciosa del flujo de dinero para las campañas políticas a través de una cuenta única y la intervención de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

La Ley 4743/12 "Que Regula el Financiamiento Político" ya tuvo el año pasado un intento de modificación en el Congreso, justamente iniciado de la mano de los diputados. Sin embargo, las modificaciones dadas en la Cámara de Senadores volvieron inviable la ley, por lo que sufrió el veto del Poder Ejecutivo.

Los diputados liberales Amado Florentín y Jorge Ávalos Mariño encabezaron la iniciativa e indicaron que los controles se centran en los grupos y los candidatos, de manera a combatir el lavado de dinero en las campañas políticas de recursos provenientes de actividades ilícitas. Así mismo, recalcaron que el proyecto tendrá el apoyo necesario en la Cámara Baja considerando el espíritu que hubo al tratar el proyecto anterior.

Normas. El nuevo proyecto establece regulaciones tanto para las campañas políticas de las internas como las generales, en el primer caso con más participación del tribunal partidario y en el segundo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El rol de la Subsecretaría de Estado de Tributación es clave al ser el ente designado para otorgar un registro único de contribuyente (RUC) para el registro y documentación de todos los ingresos y gastos.

Los informes a ser presentados al TSJE también siguen vigentes en el proyecto, con los cuadros demostrativos de los ingresos y gastos, así como el detalle de quiénes fueron sus aportantes privados.

Las prohibiciones en las recaudaciones para campañas también se mantienen vedadas a fondos anónimos, de entidades del Estado, de personas en relación de dependencia, de asociaciones patronales o gremiales, individuales superiores a 5.000 jornales mínimos, de personas acusadas por la comisión de hechos punibles, especialmente las relacionadas al tráfico ilícito de estupefacientes. Los aportes superiores a diez salarios mínimos deberán materializarse exclusivamente con cheques nominativos o transferencias formales, y no se aceptarán aportes en efectivo.

Candidatos. El proyecto también establece que la presentación de listas de candidatos de contener constitución de domicilio, certificado de cumplimiento tributario al día, constancia de declaración jurada (en el caso de los funcionarios públicos), informe de auditoría sobre el origen y situación actual del patrimonio, así como la rendición efectuada a los tribunales electorales de las internas.

Los partidos deben llevar la contabilidad minuciosa de todo el proceso, y además de brindar informes al TSJE sobre los ingresos, gastos y detalles de aportantes, deben publicar dicha información en sus portales de internet.

La Contraloría debe recibir del TSJE los informes y realizar el examen con los descargos correspondientes según los plazos establecidos, y finalmente resolver el rechazo o aprobación de las rendiciones, las cuales, en el caso de no ser presentadas, facultan al TSJE a suspender al grupo político el beneficio de aportes, subsidios por tres años y dos elecciones.

Esta segunda prueba de fuego para las intenciones de evitar el dinero sucio en la política, a través de mejoras en las leyes, volverá a generar cruces y pujas al interior del Congreso, considerando el rol de varios políticos y sus partidos, los cuales tampoco están acostumbrados a ser controlados de cerca cuando juntan sus recursos para campaña.