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Sucesos
viernes 7 de octubre de 2016, 01:00

Nueve jefes de barras bravas de Olimpia fueron imputados

Nueve jefes de tres grupos de barras bravas del Club Olimpia fueron imputados por perturbación de la paz pública. Además se solicitó a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que prohíba la entrada a los mismos a los estadios de fútbol, según informaron desde el Ministerio Público.

La imputación fue presentada por los fiscales de las Unidades Especializadas en Seguridad y Convivencia de las Personas, Aldo Cantero y Emilio Fúster.

Cantero explicó que el 25 de setiembre pasado los grupos autodenominados la barra del Olimpia, Siempre Presente y la Pandilla han generado entre sí actos de violencia, incluso provocaron lesiones a un personal de la Policía Nacional.

Esto ocurrió en el estadio Manuel Ferreira del Club Olimpia.

Agentes del Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional logró identificar a los cabecillas de las aludidas facciones, que aglutinan a grupos de personas que en su mayoría generan actos de violencia, menciona el representante del Ministerio Público.

Los barrabravas imputados fueron identificados como Robert Medina, Sebastián Palma, Óscar Chávez, Pedro Arroyo, Gherardi Filártiga Giubi, Giovanni Filártiga, Luis Ramón Lezcano, Javier Brítez y Robert Wilfrido Brítez.

PROHIBICIÓN. Los agentes fiscales solicitaron al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, que los mencionados tengan prohibido por término indefinido ingresar a estadios o eventos deportivos organizados por la APF.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1562/00 “Órgánica del Ministerio Público, artículo 14 numeral 5”.

otros casos. En febrero pasado 54 barrabravas olimpistas fueron imputados por haber atacado a un contingente policial.

El fiscal Fúster les había imputado por perturbación de la paz pública, resistencia y amenaza de un hecho punible.

Los hinchas fueron recluidos en el penal de Emboscada e incluso los familiares realizaron una manifestación para pedir la libertad de los mismos; estos luego recuperaron su libertad.

El delito de perturbación a la paz pública tiene una expectativa de pena de hasta cinco años, en caso grave se aumenta hasta diez años.