El año que termina fue testigo de la aprobación de varias leyes que regulan el negocio del sector financiero. Tres ya están sancionadas, de las cuales el que fija la taja de interés de las tarjetas de crédito ya está vigente, mientras que la Ley de Informconf fue promulgada y la que establece la migración de los fondos públicos al Banco Nacional de Fomento será promulgada en breve.
El sector financiero encaró este año una batalla mediática para evitar que la redacción de las leyes atente en demasía contra sus intereses y afecte el desarrollo de sus negocios.
Sin duda, la ley que fija tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito fue una dura estocada para el sector financiero. La misma fue sancionada y promulgada contra todo pronóstico técnico. La decisión política del Ejecutivo de apoyar la ley dejó descolocado al sector financiero, que reaccionó aplicando una serie de medidas restrictivas, que finalmente golpearon al usuario.
Otra ley que también robó el sueño al sector bancario es la de informaciones confidenciales, más conocida como Ley Informconf. Si bien una de las versiones pretendía establecer que las deudas morosas inferiores a cinco millones de guaraníes no se registren en los legajos, esta propuesta finalmente no prosperó. La decisión final del Congreso trajo un respiro al sector financiero, pero sí se establecieron normas que benefician a los tomadores de créditos, como la depuración rápida de los legajos una vez que el cliente moroso cubra su cuenta.
Pareciera que el Legislativo decidió este año aplicar más regulación sobre el sector financiero y como un regalo de final de año se decidió, en la Ley de Presupuesto 2016, que los fondos públicos que hoy día están en los bancos privados sean trasladados al Banco Nacional de Fomento. En principio se pensó que esto significaría una sangría muy fuerte para los bancos, pero finalmente se fue puliendo el texto y se excluyeron los fondos previsionales del IPS, más de 1.000 millones de dólares. Es decir, estos recursos previsionales seguirán en los bancos privados. En cuanto al pago de salarios públicos, que también debían migrar al BNF, el Ministerio de Hacienda renovó contratos con siete bancos por dos años más. Esto se hizo en octubre, con lo que los bancos ya aseguran el negocio por el citado periodo.
Pero el debate sobre leyes financieras continuará el año entrante, porque está en estudio el proyecto que modifica la Ley de Bancos y entrará también en discusión la Carta Orgánica del BCP.