Los agentes mantendrán “sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios”, con la aclaración de que podrán asignarles nuevas funciones “derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley”. La reforma, a priori, no implica ninguna limpieza en el organismo apuntado por Cristina y otros funcionarios en las últimas dos semanas, a partir de la conmoción que provocó la muerte de Alberto Nisman.
Fernández había anunciado el proyecto el lunes, en su primera aparición luego de la muerte de Nisman. Antes de partir rumbo a China, dejó firmado el texto y también el decreto para convocar a sesiones extraordinarias durante todo febrero. El oficialismo buscará sancionarlo con un trámite veloz –en especial en Diputados–, antes de la apertura del periodo ordinario, el 1 de marzo.
Los opositores lo rechazaron de inmediato, por considerarlo una “maniobra para distraer” e introducir otro eje de discusión en lugar de la muerte de Nisman. Y una vez enviado el proyecto, algunos senadores como el radical Ernesto Sanz lo calificaron como “un cambio de nombre que no cambia nada”.
También argumentaron que aunque la iniciativa define a la Inteligencia como una actividad para reunir información sobre riesgos y conflictos que afecten la “seguridad de la Nación” y la “prevención de amenazas internacionales” como el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas y ciberdelitos, no tocará las tareas de espionaje que dependen del Ejército, comandado por César Milani.
Su presupuesto en la Dirección de Inteligencia pasó de $168,2 millones en 2010 a $ 431,1 millones en 2014. En ese mismo periodo, la Secretaría de Inteligencia pasó de recibir $514,7 millones a $ 689 millones.
