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Opinión
domingo 10 de julio de 2016, 01:00

Nuestras cárceles: Aplazo de los tres Poderes

Por Alberto Acosta Garbarino Presidente de Dende
Por Alberto Acosta Garbarino

La semana pasada en una conferencia de la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, escuché con estupor el diagnóstico que hizo de la situación actual de las cárceles del Paraguay.

Con estupor me enteré de que la capacidad de todas nuestras cárceles permite albergar a 6.643 reclusos, pero que en la actualidad son 13.186 los reclusos ahí alojados; es decir, el doble de las personas que admite la capacidad instalada.

Con estupor me enteré de que existe un guardiacárcel por cada 100 reclusos, lo cual hace imposible el control de los encarcelados, y tiene que recurrirse a la "ayuda" de algunos presos que tienen buen comportamiento y que colaboran en las tareas de control.

Con estupor me enteré de que el problema del hacinamiento en las cárceles se incrementó en forma importante desde el año 2011.

Hasta ese año en todas las cárceles del país se encontraban cerca de seis mil reclusos, número que se duplicó a más de trece mil actualmente.

Yo no soy abogado, pero en consulta con varios profesionales del Derecho, me indicaron que una de las causantes de este vertiginoso crecimiento en el número de reclusos es consecuencia de la Ley 4431/11.

Dicha ley fue impulsada por el polémico ex diputado oviedista José López Chávez –conocido por impulsar leyes represivas– y la misma limitó severamente la capacidad de los jueces de dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva y de aplicar sanciones alternativas, como el arresto domiciliario, la caución real de bienes o las fianzas.

El resultado ha sido desastroso, porque hoy los jueces no se animan a dictar esas medidas sustitutivas a la prisión a personas sospechadas de cometer delitos menores, porque se exponen a ser denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Hoy tenemos un cóctel explosivo compuesto por un Poder Legislativo, que promulgó una ley irresponsable que incrementó radicalmente el número de personas que entraron a las cárceles; un Poder Judicial, que demora una eternidad en condenar o en absolver a los procesados, y un Poder Ejecutivo, que no tiene el presupuesto adecuado para aumentar la infraestructura carcelaria que permita alojar y ejercer control sobre una mayor cantidad de reclusos.

Producto de esta insensata descoordinación, hoy tenemos las cárceles abarrotadas con más de trece mil personas, de las cuales más de diez mil no tienen condenas.

Pero no podemos olvidar que detrás de esos números y de esas estadísticas, existen personas, que a pesar de haber cometido delitos –muchos de ellos, menores–, tienen derechos y deben ser respetados en su dignidad humana. Esta situación viola claramente los derechos humanos y nuestro país ya ha sido sancionado internacionalmente por ello.

El tomar conciencia de esta realidad me produjo un impacto muy grande, porque hoy se hace un gran esfuerzo colectivo por incluir a las personas que se encuentran excluidas de la sociedad, como los campesinos, los inundados, los pobres en general.

Pero sin embargo no existe la misma urgencia por cambiar la situación de más de trece mil compatriotas que realmente son los más excluidos de los excluidos, porque están privados de su libertad, privados de su dignidad y viven en un hacinamiento que es como vivir en el infierno aquí en la tierra.

Es urgente que el Poder Legislativo modifique la Ley 4431/11 y devuelva a los jueces la facultad de decidir sobre las medidas alternativas a la prisión; es urgente la reforma del Poder Judicial para que los procesos puedan ser abreviados, y es urgente dotarle de mayor presupuesto al Ministerio de Justicia para aumentar y mejorar la infraestructura de nuestras penitenciarías.

Si no lo hacemos, no nos quejemos de nuestra cada vez mayor inseguridad, porque nuestras cárceles son el epicentro de la misma.