Sábado/23/FEBRERO/2008
Por Jorge Torres Romero
La Superintendencia de Bancos cambió su procedimiento habitual cuando recibió el pedido de la Fiscalía para que informe acerca de las cuentas bancarias del presidente Nicanor Duarte Frutos.
En las gráficas se puede leer que en cada circular que emitía la Superintendencia a las entidades financieras, casas de cambio, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, entidades en liquidación voluntaria y extrajudicial, para informar sobre las cuentas bancarias de un particular, los datos sean enviados directamente al Ministerio Público.
Sin embargo, cuando envió el circular referente al pedido de informe del movimiento de dinero del mandatario exigió que los datos fueran remitidos directamente, en sobre cerrado y lacrado, a la Superintendencia a nombre del entonces titular Edgar Leguizamón Carmona.
Este hecho es sumamente llamativo, teniendo en cuenta que en todos los casos el modus operandi de la institución dependiente del BCP era que las entidades bancarias envíen directamente al juzgado o fiscalía solicitante del informe.
El interrogante que surge aquí es ¿por qué la Superintendencia actuó en forma diferenciada sobre el pedido de las cuentas y operaciones bancarias del jefe de Estado?
Es decir, todas las informaciones que pudieran haber proporcionado las entidades bancarias y financieras sobre las cuentas de Duarte Frutos pasaron por el filtro de la oficina dependiente de la banca matriz.
OMISIÓN. Con esta situación surge la duda si realmente se proporcionaron todos los datos requeridos por la Fiscalía o se omitieron algunas informaciones que pudieran ser de vital importancia para la investigación por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito iniciado al
presidente Nicanor Duarte en el 2006.
A raíz de esta situación surge otro interrogante y tiene que ver con quién realmente debió informar a la Fiscalía sobre la cuenta del presidente y el titular del Partido Colorado, José Alberto Alderete, en el quebrado Multibanco.
Esto teniendo en cuenta las declaraciones, tanto del síndico de Quiebras, Guido Planás, y Edgar Paredes, titular de la Superintendencia de Bancos. Planás asegura que la institución de Paredes es la que tuvo el manejo de Multibanco durante dos años, a partir de su intervención, que se dio en junio de 2003.
Mientras que el superintendente dice que la sindicatura es la actual responsable de los documentos que obran en la entidad bancaria quebrada.
Ninguno de los dos asumen la responsabilidad de haber omitido la información de esta cuenta al Ministerio Público.
De acuerdo a las declaraciones de Planás, él nunca tuvo conocimiento de que Duarte Frutos haya operado alguna vez con Multibanco, y que revisaría en los archivos si aún figura en el registro la polémica cuenta.
En caso de que no existan rastros, lo más probable es que se hayan borrado intencionalmente los documentos, a fin de no salpicar al mandatario con los problemas que en un principio tuvo Alderete, acerca de un depósito de 300 mil dólares en negro en una banca off shore con la que operaba Multibanco.
De concretarse esta información, los responsables de haber hecho desaparecer los documentos que vinculan a Nicanor, serían los interventores de la Superintendencia que manejaron todos los registros y datos durante dos años.