El comandante de las Fuerzas Militares, general Bernardino Soto Estigarribia, dispuso de algunos cambios a raíz del robo de unos 50 mil proyectiles de la sección Armería de la III División de Infantería, con asiento en Ciudad del Este.
El comandante de dicha repartición, general Carlos Ramírez Parsano, fue reemplazado por el general de brigada, Catalino Ruiz Ortiz. Éste se desempeñaba como comandante de la II División, con asiento en la ciudad de Villarrica.
En lugar de Ruiz Ortiz fue nombrado el general de brigada Eduardo Brítez Reyes, quien ocupada la comandancia de la VI División de Infantería. Allí fue ubicado el coronel Benicio Benítez Melgarejo, ex jefe de Estado Mayor del II Cuerpo del Ejército. En este último destacamento militar fue nombrado Federico Vera Rodríguez.
INVESTIGACIÓN. El general Soto Estigarribia refirió que las movidas realizadas al interior de la institución castrense responden al robo del material militar. Refirió que el general Ramírez fue depuesto del cargo debido a una cuestión de responsabilidad de mando. "El ex comandante de la III División de Infantería no tuvo ninguna responsabilidad en el robo, pero por el cargo que ocupa fue cambiado. Como consecuencia de los faltantes se realizan los cambios", sentenció.
DETENIDOS. Los militares investigados son Lorenzo López, coronel de Estado Mayor; Víctor Berdoy, mayor de Infantería, privado de libertad en Viñas Cué, al igual que sus subalternos Herminio Martínez, suboficial de Material Bélico, y Marcos Pérez, vicesargento primero de Material Bélico.
En el mismo caso, la fiscala de Ciudad del Este Arminda Rivas imputó a los otros dos implicados en el robo de los proyectiles. Se trata de los civiles Eugenio Moreno Estigarribia y Mario Benjamín Cano, por los delitos de hurto especialmente grave, reducción y violación a la ley de arma. Estos fueron detenidos cuando pretendían comercializar las 3.000 municiones.
MUNICIONES. En cuanto a la cantidad exacta de municiones y accesorios desaparecidos, está entre los 40 y 50 mil unidades, y cerca de 700 cargadores. De acuerdo al informe presentado por los agentes de Investigación de Delitos de la Policía se estima que las municiones representan unos 73 mil unidades de cartucho para fusiles M-16, 7.62 y AK-47.
El destino final del material bélico serían las favelas de San Pablo y Río de Janeiro, donde operan peligrosas bandas de delincuentes y narcotraficantes, bajo el dominio del Primer Comando Capital.