Alrededor de 450 carperos se instalaron a inicios de mayo dentro de una propiedad de 4.700 hectáreas, conocida como finca 470, de la Colonia Kuetuwy, distante a 60 kilómetros al sureste de Villa Ygatimí, jurisdicción de Curuguaty, y que pertenece a la parcialidad Aché.

Los nativos amenazan con desalojar por sus propios medios a los campesinos, que, según afirman, serían los mismos involucrados en la tragedia de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio pasado.

Los indígenas señalaron que con sus flechas desalojarán a los ocupantes si la Policía o la Fiscalía no intervienen en el conflicto.

Ante esto, el ministro del Interior expresó el compromiso firme del Gobierno respecto a una acción policial inmediata.

No obstante, mencionó la necesidad de intentar una salida pacífica de los ocupantes, a fin de evitar un eventual enfrentamiento entre los nativos y los carperos.

"Tenemos el título de propiedad que les fue entregado por el presidente de la República, Federico Franco, y que ya obra en poder del Instituto Nacional del Indígena (INDI)", mencionó Caballero.

Reiteró que el Gobierno Nacional actuará con firmeza, pero, a su vez, buscando una salida pacífica a la problemática que se ha extendido por más de 10 años.

Caballero aclaró que no existe orden de desalojo de las tierras, pero lo que existe es una orden de aprehensión de unas 200 personas, librada por el fiscal de Curuguaty, Jalid Rachid.

"Esta no es una orden de detención, porque una orden de detención tiene que tener específicamente el nombre, apellido y la identificación de las personas a ser detenidas y, además, un fiscal no es competente para emitir una orden de desalojo, ya que esta es una figura civil. No tenemos orden de desalojar la propiedad; lo que sí tenemos es una orden de aprehensión genérica de las personas que se encuentran en el lugar", sostuvo el ministro.

Aseveró que la Policía ya inició trabajos en la zona, realizando controles de los camiones transportadores de rollos de madera para evitar la deforestación de la zona protegida.

Por su parte, Rubén Quesnel, presidente del INDI, resaltó que la comunidad Aché es muy pacífica, por lo que se busca una salida consensuada y sin violencia al conflicto.

"Confiamos plenamente en la gestión del Ministerio del Interior y de la Fiscalía para encontrar una solución al problema", puntualizó.

Asimismo, Quesel precisó que el título de propiedad, firmado por el presidente de la República hace 15 días, expresa que las tierras pertenecen a los Aché en toda su extensión, de 4.700 hectáreas.

También participaron de la reunión el comandante de la Policía Nacional, Aldo Pastore; el director general de Orden y Seguridad, Carlos Humberto Aguilera Leite, el fiscal general Adjunto, Ricardo Merlo; y el presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Rubén Ortigoza.