A pesar de que nunca informó a la ciudadanía la morosidad de sus tres salas, la Corte Suprema de Justicia dispuso que todos los jueces del país informen sobre las causas que se encuentran en estado de resolución, sean autos interlocutorios o sentencias.

En el informe anterior, era el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, el que tenía más causas morosas, aunque no se podía calificar como el más alto del país, ya que las salas del máximo Tribunal, pese a los reiterados pedidos de la prensa, nunca dio a conocer cuántas causas tenía por resolver.

Es más, justamente, tras la publicación por ÚH de una acción que había tardado más de 15 años en resolverse, la Corte había dispuesto una auditoría de gestión sobre el caso, y luego centró la atención en sus jueces y camaristas para combatir la morosidad judicial.

El primer informe se dio el 25 de junio pasado, donde se puso sobre el tapete la cantidad de resoluciones que debían dictarse en todos los fueros. Se vio que los juzgados civiles también tenían alta morosidad, además de los laborales.

La Corte tiene cuatro secretarías que atienden a la Sala Constitucional, la Civil y la Penal. Como los fallos cuentan con una sola numeración correlativa, la semana pasada alcanzaron los 1.004 acuerdos y sentencias, y 2.393 autos interlocutorios, lo que constituye todo un récord para el máximo Tribunal.

RESOLUCIONES. Tras las publicaciones sobre la mora judicial, el Tribunal de Cuentas, que tenía 1.172 acuerdos y sentencias pendientes, lo que le convertía -fuera de la Corte- en el más moroso de la Capital. Ante esto, esta dependencia fue intervenida por el máximo Tribunal.

Después, se dotó a esa dependencia con más personal, computadoras, impresoras y fotocopiadoras, lo que elevó altamente su producción, según refirieron Mario Ygnacio Maidana, Rodrigo Escobar y Martín Ávalos, magistrados que integran la Sala.

Así, el 3 de julio se hizo un corte administrativo, donde se tuvo un total de 204 acuerdos y sentencias. Para el 17 de agosto, en total, ya se dictaron 770 acuerdos y sentencias, y 746 autos interlocutorios. Es decir, en 30 días hábiles, excluyendo sábados, domingos y el último feriado, dictaron 566 acuerdos y sentencias. Un promedio de casi 19 fallos por día.

Según Maidana, que ahora preside el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, para fin de año pretenden llegar a 1.000 resoluciones y estar al día.

La mayoría de los casos fueron heredados por los tres camaristas de sus antecesores. El más antiguo de los tres magistrados tiene dos años en esa sala, mientras que ahora sacaron resoluciones de hace más de 17 años, en algunos casos.

PROBLEMAS. Ahora bien, la cantidad de resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, causó y causará bastantes problemas a otras dependencias afectadas al trabajo. El Departamento de Estadísticas del Poder Judicial nunca recibió tantas resoluciones, por lo que se tuvo que asignar personal para recibir todos los fallos.

Además, se crea también otro problema para la Sala Penal de la Corte. Ahora, con los 566 fallos, se espera más o menos la misma cantidad de apelaciones que irán a parar a esta instancia del máximo Tribunal.

Con ello, prácticamente, se pasó el trabajo atrasado a la Sala Penal, que además tiene todos los casos penales, que debe resolver. Con ello, habrá nuevamente recarga de trabajo para los ministros Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera.

cifras

1.172

eran los casos pendientes de ser resueltos por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, según el informe del 25 de junio.

566

acuerdos y sentencias se dictaron en 30 días hábiles por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, lo que promedia 18 por día.

1.004

fallos definitivos fueron dictados hasta la semana pasada por las tres salas de la Corte Suprema de Justicia.

LEY ANTIMORA SE SUMÓ AL PROBLEMA

Paralelamente al problema de la mora judicial, se sumó, desde el 23 de julio pasado, la Ley 4.669, denominada Antimora, en la que el Parlamento dispuso reducir a 3 años el plazo máximo para culminar un proceso penal, a los que se suman 6 meses más para la apelación.

Antes que una solución al problema, lo que hizo fue que prescribieran la mayoría de los casos iniciados antes de enero del 2009, que aún no tienen sentencia definitiva. Entre ellos, casos de corrupción pública.

Al final, antes que traer una solución, trae impunidad en muchas causas. Con ello, tanto el fiscal general como la misma Corte hicieron lobby para suspender la aplicación de la ley por lo menos por dos años, proyecto que ya tiene media sanción en Diputados.