Si bien la posición paraguaya era lograr no postergar una decisión, la postura que prosperó fue la de que cada país miembro estudie detenidamente el informe de Insulza en sus respectivos gobiernos, para luego tomar una decisión. Esta propuesta fue defendida principalmente por EEUU, Canadá, México, e incluso Honduras y Brasil, si bien este último se ratificó en que hubo un quiebre democrático en el país, al igual que Venezuela y Uruguay. Argentina, por su parte, pidió una reunión de cancilleres.

La plenaria, reunida desde poco después de las 10:00 hasta casi las 13:00, resolvió convocar en los próximos días a una nueva sesión extraordinaria para dar a conocer la resolución sobre Paraguay.

El Consejo Permanente de la OEA se reunió este martes en sesión extraordinaria en su sede en Washington DC, donde Insulza presentó su informe sobre la situación en la República del Paraguay, único punto en el orden del día. Es la tercera vez que el organismo se reúne para analizar la cuestión paraguaya.

En su informe, Insulza recomendó no emular las sanciones políticas impuestas por Mercosur y Unasur a Paraguay, que es la suspensión en estos organismos como miembro pleno, mucho menos una expulsión del organismo multilateral, puesto que esto solo contribuiría a empeorar la situación del país.

Recomendó al Consejo Permanente establecer una misión de la OEA en el país, que acompañe el proceso del actual gobierno hasta las elecciones generales de 2013 para "fortalecer la gobernabilidad" para evitar nuevas crisis y observar el respeto a las garantías políticas (que no se registren "represalias" contra Lugo y sus seguidores), así como garantizar unos comicios transparentes.

El secretario general realizó un recuento de lo ocurrido desde el inicio del juicio político, la destitución, resaltando que el "origen inmediato" o detonante fue la matanza de 17 personas en Curuguaty el 15 de junio pasado. Asimismo, hizo hincapié en el profundo quiebre en las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Mencionó los cuestionamientos de la defensa del expresidente sobre el plazo otorgado por el Congreso para ejercer su defensa, ("cuatro horas para preparar alegatos" y "dos horas para ejercer defensa"), que determinó la destitución de Lugo en menos de 24 horas.

No obstante, observó que el propio exmandatario aceptó el veredicto del Parlamento - leyó un extracto del discurso de Lugo cuando se despidió de la presidencia en la tarde del viernes 22 de junio-, pese a criticar la celeridad del juicio.

Igualmente, dijo que durante la estadía de la delegación, observaron que, pese a la crisis política, todo transcurre con normalidad en Paraguay.

Lea: Informe de la Misión del Secretario General de la OEA y delegación a la República del Paraguay - Versión no oficial (completo)

A su turno, el embajador paraguayo ante el organismo, Hugo Bernardino Saguier, concluyó que el gobierno paraguayo coincide plenamente con las recomendaciones de Insulza. En ese sentido, remarcó un pedido a la OEA para que acompañe las elecciones de 2013.

Garantizó que no habrá "ni hay" una "persecución" de parte del Gobierno hacia Lugo y sus seguidores.

Saguier era contrario a que se postergue la resolución del organismo, pero manifestó que acataba lo resuelto por el Consejo Permanente.

Insulza encabezó la semana pasada una misión de la OEA en nuestro país, para recabar información sobre la crisis política, desatada tras la destitución de Fernando Lugo en juicio político por el Congreso, condenado por países de la región por considerarlo un "golpe" del Parlamento, y la consecuente asunción al mando de Federico Franco, quien era vicepresidente de Lugo. Su gobierno no es reconocido por los países de la región (Mercosur y Unasur).

Durante los dos días que duró la visita oficial, los representantes del organismo multilateral se reunieron tanto con Lugo y sus asesores legales, como con Franco, también con los parlamentarios, el canciller José Félix Fernández Estigarribia, entre otros, para obtener la versión de cada una de las partes involucradas.

El secretario general de la OEA manifestó en aquel entonces que, de acuerdo a las observaciones de la delegación, hallaban delicada la situación de Paraguay pero no grave.

El exobispo católico, Fernando Lugo, fue destituido el viernes 22 de junio vía juicio político por el Legislativo, que argumentó el "mal desempeño en sus funciones", asumiendo la primera magistratura el vicepresidente de Lugo, Federico Franco, ese mismo día. El nuevo gobierno no es reconocido por los países miembros del Mercosur y Unasur, que suspendieron a Paraguay hasta las elecciones de 2013, cuando se elijan las nuevas autoridades.