Siguen pendiente de cumplimiento cuatro órdenes de desalojo en beneficio del grupo Favero y otro productor. La disposición judicial dispone la expulsión de los carperos acampados bajo el tendido eléctrico de la ANDE en Ñacunday.
Omar Vallejos, juez en lo Penal de Iruña, ordenó la restitución de inmueble y el desalojo de los ocupantes en beneficio de las empresas Agrotoro y Totemsa, que son del grupo Favero. La medida afecta a las fincas K032173 y K032220 respectivamente. Ambas ubicadas en Ñacunday.
A esto se suma otras dos resoluciones firmadas por la abogada Máxima Meza, jueza en lo civil Máxima Mesa. La magistrada dispuso el 14 de febrero la restitución de inmueble y desalojo de los ocupantes en beneficio de Mesildo Marini y de Agrosilo Santa Catalina, esta última integrante del Grupo Favero. Se trata de la finca 1772, ubicada también en Ñacunday.
JUNTOS. Carlos Serrán, abogado del Grupo Favero, comentó que las cuatro órdenes de desalojo incluyen todas las fincas que actualmente se ven afectadas por la invasión de los carperos. Dijo que pretenden que el procedimiento de desalojo, de las cuatro propiedades, se realice el mismo día, con lo cual asegura que se evitará que los caperos salgan de un inmueble para ocupar otra.
En las cuatro propiedades, los supuestos sin tierras están instalados al costado del camino, debajo del tendido eléctrico de la Ande. Al respecto los carperos aseguran que no van a salir del sector alegando que los 50 metros de ancho de uno y otro lado del tendido, pertenece al Estado y no a los dueños de las fincas. Empero, los abogados de Tranquilo Favero sostienen lo contrario y esperan que se cumpla las órdenes de desalojo.
LLEGARON LOS OFICIOS. La Jefatura de Policía del Alto Paraná ya recibió los cuatro oficios en los cuales se dispone el desalojo de los carperos. Empero informan que no se presentaron las fotocopias autenticadas de los mandamientos de restitución de inmueble que son necesarios. Indican que se trata de un documento importante porque no será la Policía, sino el oficial de Justicia el encargado de ejecutar las órdenes judiciales.
En la Policía se informó que recién una vez que se presenten debidamente los mandamientos, se constituirán en el terreno con un topógrafo, para primero, ubicar las fincas a ser desalojadas, y luego verificar la cantidad de personas que se encuentren en el sitio para luego determinar cuántos policías se necesitarán para el procedimiento.
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