Garzón fue juzgado por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado dichas escuchas, en un proceso en el que la acusación la ejercieron los abogados de los cabecillas de la presunta red corrupta.

La sentencia del alto tribunal, que se aprobó por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón, supone la "perdida definitiva" de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque estaba suspendido de sus funciones desde 2010.

El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".

Durante el juicio de este caso, que concluyó el pasado 19 de enero, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.

El magistrado, que alcanzó gran notoriedad internacional por perseguir a los represores de las dictadura de Chile y Argentina, está imputado en otras dos causas en España, una por tratar de investigar los crímenes del franquismo -que ya está vista para sentencia- y otra por unos cobros que supuestamente recibió por unas conferencias en Nueva York.