Según datos oficiales de la Senad, hay al menos tres focos de venta de crac –droga derivada de la cocaína– en barrios de Asunción donde vive gente de escasos recursos económicos.

El registro indica también que hay más de 200 puestos de venta y que la Policía recibe un promedio de 15 llamadas diarias denunciando presuntos lugares de comercialización de la sustancia. Al mes se presentan alrededor de 450 casos.

Dado el bajo precio del crac –en relación con la marihuana y la cocaína–, su consumo se ha ido extendiendo rápidamente. A menudo, los adictos son también los vendedores de la mercancía. De esa manera, la dependencia no es ya solo de la droga, sino también económica.

El deterioro que causa la adicción en la relación familiar –ya de por sí bastante resquebrajada– y comunitaria es grave. La droga es un factor que va degradando día tras día la calidad de vida de quienes se encuentran en el área de influencia de los consumidores. Se generan conflictos que en otro contexto no se hubieran producido.

Ante esta situación apremiante, la acción del Estado, a través de sus insti– tuciones especializadas, es muy débil. La escasa cantidad de funcionarios de la Senad asignados al sector lo corrobora.

Es evidente que con una docena de investigadores dedicados a hurgar en el submundo de las drogas, con los riesgos que supone el trabajo y con las limitaciones de medios para alcanzar los objetivos, no es mucho lo que se hace. Y bien se sabe que en el ámbito del combate a la delincuencia la sola buena voluntad carece de proyecciones, si no va acompañada de hechos eficaces, a la hora de la cuantificación.

Además de la falta de personal, otro eslabón frágil de la cadena es la Justicia. Los narcotraficantes que son apresados después de muchas horas de seguimiento, verificación de información y paciente espera para sor– prender a los delincuentes con evidencias, son puestos en libertad sin de– masiados trámites ni demoras.

Es obvio que la desidia de ciertos fiscales y la condescendencia de algunos jueces desalientan a los investigadores. Y alientan a los narcotraficantes, que con una prisión domiciliaria reciben un documento en blanco para volver a las andadas.

Ante esta realidad, urge que la Senad, Antinarcóticos de la Policía, la Fiscalía General y la misma Corte Suprema tomen cartas en el asunto. Una de sus medidas tiene que ser la prevención, a través de campañas comuni– cacionales, que incluyan escuelas y familias. La otra, aumentar la eficacia de las medidas represivas con más personal y recursos logísticos.