Representantes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) se reunieron ayer con el saliente titular de la Corte, Luis María Benítez Riera, a quien le manifestaron preocupación por la violencia en el campo y por el reiterado incumplimiento de las resoluciones judiciales de desalojo que datan de agosto del año pasado.

El grupo estuvo encabezado por su presidente, Héctor Cristaldo y otros cuatro representantes del gremio. Justamente, el martes, el nuevo presidente del máximo tribunal, Víctor Manuel Núñez, también reclamó el cumplimiento de los fallos y tipificar el desacato como un delito.

Cristaldo refirió a los medios de prensa, tras la reunión con Benítez Riera, que nada hace la Policía Nacional porque los "carperos son amigos de (el presidente de la República) Fernando Lugo". Esto, teniendo en cuenta las órdenes de desalojo que no son ejecutadas por los uniformados.

El gremialista también indicó que es preocupante lo que está ocurriendo en Ñacunday, Departamento del Alto Paraná.

Remarcó además que los productores ni siquiera podían transitar tranquilamente en la zona ni mucho menos trabajar con "tanta gente violenta". Alegó que a ello también se sumaba la pérdida económica por sequía.

César Jure, otro de los que estuvieron en la reunión con el titular de la Corte, señaló que querían demostrar la participación y el respeto a la institucionalidad, a la seguridad jurídica, y en especial querían que se acaten los fallos judiciales, para buscar la institucionalidad de la República.

A FISCALÍA. Por otro lado, con respecto al conflicto de competencia que debe ser estudiado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el juez de Iruña, Hugolino Bogado, remitió el expediente de mensura judicial, iniciado por el Indert, a pedido de los abogados de Tranquilo Favero.

Luego de recibir el expediente, el ministro de la Corte Miguel Óscar Bajac, titular de la Sala Civil, remitió ayer el caso al Ministerio Público para que dictamine al respecto.

Ahora, la Fiscalía deberá dictaminar, para que luego los ministros de la Sala Civil, integrada además por José Raúl torres Kimrser y César Garay, deberán decidir qué juez es el que se encargará del caso.

El juicio de mensura había sido presentado por el Indert sobre las fincas recuperadas de los herederos de Domingo Barthe. El caso quedó suspendido tras la recusación del magistrado Hugolino Bogado, el 28 de setiembre del 2011.

Después, el juez de Santa Rita, Rafael Jacobo, había recibido una excepción de competencia de jurisdicción, ante la orden de mensura dictada por el juez Bogado. Ahora, es la Corte la que deberá decidir al respecto.