El ministro Víctor Manuel Núñez, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo ayer que en un estado de derecho se debe garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Abogó por reimponer como delito el desacato.

Fue al consultársele sobre la situación en Ñacunday, donde la Policía se resistió a hacer cumplir las órdenes de desalojo de tierras ocupadas por los llamados carperos.

SEGURIDAD JURÍDICA. Durante su primera conferencia de prensa, en su tercera presidencia de la Corte, Núñez apuntó que, en lo que compete a la acción de la Justicia, se insistirá en la seguridad jurídica. Esto, con respecto a lo dicho por Fernando Lugo, sobre que la recuperación de las propiedades en la zona de conflicto está en manos de la Justicia.

"La seguridad jurídica no se limita a lo judicial. Eso comienza en el buen funcionamiento de la institución, en la buena legislación, en el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las sentencias judiciales por parte de otros poderes, y la ciudadanía tiene que estar segura de que se va a cumplir la ley", aseguró.

COMPETENCIA. "Los conflictos que se plantean entre personas, entre particulares, ellas solas no pueden solucionarlos. Para eso es el Poder Judicial. Todo lo que se plantee vamos a solucionar en la instancia que corresponde. Si se plantea ante el juez de Primera Instancia, ese juez es el Poder Judicial", dijo.

Ante la insistencia sobre la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales, especialmente en los desalojos, indicó que es lamentable que esto ocurra en un estado de derecho.

PENOSO. "Una orden judicial debe ser cumplida y penosamente nuestra ley y el Código Penal han omitido la figura del desacato", apuntó.

Añadió que "eso se ha propuesto varias veces al Parlamento. Parece que los legisladores han entendido que no es necesaria la figura del desacato y yo creo que sí, porque debe haber alguna medida para garantizar el incumplimiento de una orden judicial".

Actualmente, en la Sala Civil de la Corte, está pendiente la resolución de un conflicto de competencia, donde el juez de Iruña, Hugolino Bogado, fue intimado a enviar el expediente para que la Sala Civil pueda finalmente expedirse y decidir qué magistrado estará a cargo del juicio de mensura, iniciado por el Indert en una zona de 167.000 hectáreas reclamadas por los carperos.