"No pocas veces se adjudicaron inmuebles rurales a personas favorecidas por el poder político y económico, violando la Ley y contrariando políticas de Estado, orientadas al bienestar en el campo y al desarrollo económico", sostiene el comunicado del presidente de la República, Fernando Lugo, dado a conocer ayer, en Palacio de Gobierno, acerca del conflicto agrario en la zona de Ñacunday, Alto Paraná.

Sin precisar a quiénes se refiere, el pronunciamiento afirma que dicha situación causó el descrédito de las instituciones del sector, "con sospecha de fraudes y otras desprolijidades en los procesos de adjudicación, lo que generó, cuanto menos, graves confusiones que alimentan posicionamientos antagónicos y propician escenarios de violencia inaceptable".

En términos más concretos, el jefe de Estado afirma que "particularmente, la zona de conflicto actual en Ñacunday padece de esta compleja situación".

El texto no aclara si son las tierras del sojero brasileño Tranquilo Favero, cuya presunta ilegalidad es reclamada por los campesinos carperos acampados en Ñacunday, las que son puestas en duda por el mandatario.

A LA JUSTICIA. En un lenguaje ambiguo y con muchas generalidades, el comunicado firmado por Lugo –y entregado por el jefe de Gabinete, Miguel López Perito– sostiene que "el Estado de Derecho constituye el único marco de definición de los conflictos generados en el ejercicio de las libertades conquistadas en la democracia".

Plantea que la determinación de los derechos sobre las tierras compete, "con carácter exclusivo y excluyente", a los magistrados del Poder Judicial, y que el Ejecutivo "no detenta prerrogativas fuera de dichos procedimientos reglados".

Agrega que "en consecuencia, (el Gobierno) no ejecutará disposiciones fuera de su competencia, que vulneren la vigencia del Estado de Derecho".

CARPEROS. Con respecto al reclamo concreto de los carperos, que exigen que el Gobierno determine el carácter fiscal y la presunta apropiación ilegal de unas 60.000 hectáreas de tierras, actualmente en poder de Tranquilo Favero y otros colonos brasileños, y las entregue a los campesinos, el comunicado responde en el mismo lenguaje genérico:

"En el caso de hallarse, comprobadamente y por los medios idóneos y previstos legalmente, inmuebles de propiedad del Estado (tierras fiscales), la posibilidad de adjudicación a personas o grupos de personas compete a la jurisdicción administrativa del Poder Ejecutivo, a través de su órgano de aplicación (Indert), mediando la previa tramitación de pretensiones y cumplimiento de los requisitos que, en su caso y a su turno, corresponderán presentar y justificar a los interesados recurrentes".

Sin referirse a las críticas por las demoras en ejecutar una orden de desalojo contra los actuales ocupantes de Ñacunday, el Gobierno promete más esfuerzos para lograr "una mejor y más equitativa distribución de la tierra".

CONTRADICCIONES ACERCA DE LA INTERVENCIÓN MILITAR

El comunicado del presidente Fernando Lugo cae en contradicciones al justificar que los militares de la Dirección del Servicio Geográfico Militar (Disergemil), que realizaron amojonamientos de propiedades en la zona, en enero último, lo hicieron solo en cumplimiento de la Ley de Seguridad Fronteriza.

"Corresponde a labores de inventario iniciadas hace varios años, en cumplimiento de la Ley mencionada, antes de este Gobierno, y proseguirán hasta su finalización. La vinculación errónea de dichas tareas con la discusión de derechos de dominio sobre dichas tierras afectadas, no tiene fundamento alguno", asegura el comunicado.

Sin embargo, la nota que el presidente del Indert, Marciano Barreto, envió al comandante de las Fuerzas Militares el 11 de enero, "por expresas instrucciones del presidente Fernando Lugo", solicitaba a los militares "tareas de reconocimiento, colocación de mojones y georreferenciamiento" de antiguas propiedades de Tenedores de Bonos y Yerbales, que solo en un área muy pequeña están dentro del área de seguridad fronteriza. La intención, como lo prueba el mapa que la Disergemil entregó a los carperos, era detectar las supuestas tierras fiscales en la región.