La definición de una proposición y la posible salida a la crisis, que sería revelada, deriva de una hermética reunión que mantuvo el mandatario en Mburuvichá Róga el pasado sábado por la mañana con su jefe de gabinete, y los directivos de los entes afectados en el conflicto, entre ellos el titular del Indert, Marciano Barreto, el procurador general de la República, Enrique García y funcionarios del Registro Público.

Los detalles del encuentro no trascendieron. Nadie quiso dar información, solo fue difundido un informe desde la Dirección de Comunicación de la Presidencia con declaraciones de López Perito donde anunciaba que este lunes se conocería la postura de Lugo.

"Cualquier salida que pudiera plantearse a temas conflictivos pasará siempre por el respeto del marco normativo vigente en Paraguay", señalaba el alto funcionario.

Ese mismo sábado de tarde el gobernador de San pedro, José Pakova Ledesma, cercano colaborador del presidente, se reunió con los carperos y un emisario del titular del Indert, para hablar de la situación. Nadie quiso comentar detalles, pero se supo que habría ido a anunciar que en 10 días se transferirían las tierras fiscales de la zona y que la orden de desalojo -que tiene ya un mes de emisión- no sería ejecutada.

Si bien la demora del desalojo es cuestionado por los colonos y la oposición política; el ministro del Interior Carlos Filizzola sostuvo este domingo que se están realizando relevamientos y que la Policía no puede cometer errores. Adujo que los carperos "son seres humanos y no animales" y que si se ejecuta la orden debe ser dentro del respeto de las normas y los DD.HH.

En tanto, la situación se mantiene tensa en la zona de conflicto y datos contradictorios interesados tanto de parte de carperos como de colonos llegan a difundirse sesgadamente. Lo concreto es que los que se reivindican propietarios exigen el desalojo y los que reclaman la restitución de las tierras fiscales anuncian ingreso a las propiedades si no se avanza en el proceso.

Sectores empresariales y ganaderos cuestionan la posición de Lugo, alegando que apoya a los que reclaman tierra, en tanto los sectores sociales organizados sostienen que deben acabar el latifundio, recuperarse las tierras mal habidas y restituirse la soberanía nacional en la franja de seguridad fronteriza, donde colonos brasileños están asentados.

La semana que se inicia será clave en la definición del caso Ñacunday y otros distritos del Alto Paraná.