A las 15.25 del día viernes 6 de enero de 2012, el suboficial Roberto Delgado recibió en la Mesa de Entrada de la Comandancia de la Policía Nacional, en Asunción, el oficio número 825, por el cual el juez Rafael Jacobo, de Santa Rita, dispuso "la restitución inmediata" de tres inmuebles ocupados por los carperos de Ñacunday, a 70 kilómetros al sur de Ciudad del Este.

La orden fue firmada el 19 de diciembre, respondiendo a la denuncia de los colonos brasileños Valmir Berle Maholt e Ivani Rubenich Rutsatz, cuyas fincas (de 50 hectáreas en total) fueron ocupadas por los campesinos carperos, dirigidos por Victoriano López, tras abandonar la estancia del productor sojero Tranquilo favero, el 13 de julio de 2011.

Los campesinos anunciaron que iban a permanecer acampados en la vía pública, bajo las líneas de alta tensión de la Ande, pero una gran parte de sus viviendas fueron instaladas dentro de las propiedades de Berle Maholt y Rubinich Rutsatz, lo que impidió que estos puedan seguir produciendo.

MÁS DEMORA. La orden de desalojo tardó 17 días en llegar a la Policía, pero del 6 de enero al 3 de febrero permaneció congelada, mientras se producían graves enfrentamientos entre carperos y sojeros en Ñacunday.

El hecho más grave se produjo el 20 de enero, en Pirapytã, cuando un numeroso grupo de carperos, armados con machetes y palos, e incluso armas de fuego, acompañaron a los técnicos de la Dirección del Servicio Geográfico Militar (Disergemil), para realizar trabajos de amojonamiento en las fincas de varios colonos, ocasión en que agredieron físicamente a la intendenta de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas.

Recién el viernes 3 de febrero la Policía emitió un comunicado, en el que informaba que la institución "ya cuenta con la citada disposición judicial", y que desde ese momento se iniciaba el protocolo para proceder al desalojo. Habían pasado exactamente 28 días.

CUESTIONAMIENTOS. La excesiva demora por parte de la Policía y el Ministerio del Interior en el cumplimiento del mandato judicial ha provocado muchas críticas de los productores afectados por el conflicto agrario en Ñacunday.

"Llama la atención que se tarde tanto en hacer cumplir una orden judicial. Esto solo demuestra que los carperos que invaden propiedades tienen la protección del Gobierno", sostiene Fernando Shuster, presidente de la filial Santa Rosa de la Coordinadora Agrícola del Paraguay.

NO HAY PLAZOS. Aunque ya se iniciaron las acciones para desalojar a los carperos de Ñacunday, no hay plazos definidos sobre la fecha en que se realizará el operativo.

El protocolo policial dispone realizar primero un censo de ocupantes, establecer la dimensión del terreno, contabilizar las viviendas y enseres que se deberán desmantelar, y luego realizar una reunión con miembros del Ministerio Público, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y con los propietarios de los terrenos ocupados, aclaró ayer la comisaria Norma Vera Ayala, al frente de Relaciones Públicas de la Policía. Recién depués se procederá al desalojo, en un plazo que puede llevar días o semanas.