Redacción / HORA DEL ESTE

La posibilidad de ocupación de inmuebles en Ñacunday dentro del área de 167 mil hectáreas amojonado por los militares de la Dirección del Servicio Geográfico Militar permanece latente y podría darse en cualquier momento, atendiendo a lo señalado por el profesional del foro.

El abogado sostuvo que pedirán la revocación de la orden judicial por la cual el Juez Rafael Jacobo de Santa Rita, ordena la restitución de tres fincas a sus propietarios, y para lo cual dispuso el desalojo de los ocupantes y el acompañamiento de la Policía y el Ministerio Público, para el cumplimiento fiel del mandamiento judicial.

La orden tiene fecha del 19 de diciembre del 2011 y fue remitida a la Comandancia de la Policía Nacional de donde fue derivada por la vía administrativa ya en los primeros días de enero a la oficina del Departamento Judicial de la Jefatura de Policía del Alto Paraná.

El oficio No. 825/11 remitido a la Policía Nacional y al Ministerio Público, afecta a las fincas 2.685, 2.823 y 2.824, pertenecientes Valmir Berle Mahlot e Ivani Rubenich Rutsatz, quienes accionaron contra personas innominadas a través de un interdicto de recobrar la posesión.

Como parte del protocolo establecido por el Ministerio del Interior para la realización de operativos de envergaduras la Policía ya contabilizó la cantidad de carpas existentes en el campamento, en total 90 carpas, además de realizar el registro de imágenes, pero aún falta varias diligencias, según una fuente policial.

NULOS. "Ellos guardaron el expediente y ayer tuve que atajar a unos 6 mil campesinos que estaban por trasladarse al juzgado de Santa Rita, para manifestarse contra el juez Rafael Jacobo. Nosotros vamos a pedir la revocación del mandamiento porque los títulos que esos brasileños presentaron son nulos y el juez no podía firmar una orden judicial sin una caución", sostuvo el abogado.

"Ellos ya están dentro de la propiedad, ahí donde está el campamento y lo que pueden llegar a hacer es dividirse de las tierras públicas, de donde no pueden ser desalojados", señaló José Gil López. Los carperos sostienen que el campamento está 6 kilómetros dentro del área de los 167 mil hectáreas de tierras, que según su versión pertenecen al Estado y está usurpado por los productores brasiguayos.

CIUDADELA. El campamento de los campesinos fue instalado en un punto donde un grupo pequeño estuvo por más de 10 años. La presencia de los carperos aumentó en el lugar tras el desalojo por orden judicial de unas 500 familias registrado el 13 de julio del año 2011.

Actualmente, el campamento creció más de 500 metros en una de las márgenes de la calle vecinal de la colonia Paranambú y se convirtió en una ciudadela con unas 5 a 7 mil personas ocupando en forma constante el lugar, aunque el dirigente Victoriano López sostiene que están bajo la línea de extensión de la Administración Nacional de Electricidad.