La institución policial emitió este viernes un comunicado a la opinión pública sobre la disposición judicial de desalojo de tres inmuebles ubicados en el distrito de Ñacunday.

"La Institución policial ya cuenta con la citada disposición judicial y conforme al requerimiento establecido en el Protocolo de Procedimiento para casos de desalojo de gran cantidad de personas, ya se encuentra realizando las previas intervenciones", expresa el manifiesto.

En ese orden, busca primero tener un relevamiento de informaciones acerca de la cantidad de personas ocupantes, discriminado en cuanto a sexo y edad, en forma coordinada con el Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional y la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio del interior.

Igualmente, previamente a la ejecución del desalojo, pretende una reunión con los representantes del Ministerio Publico (Fiscalías en lo Penal y de la Niñez y Adolescencia), los propietarios de los inmuebles y el Oficial de Justicia.

"Por cuanto, la Policía Nacional en todos los casos, ajustará el ejercicio de su función a las normas constitucionales y legales y fundará su acción en el respeto de los derechos humanos", agrega el comunicado.

El conflicto por tierra se centra actualmente en el departamento de Alto Paraná, teniendo -ahora- como epicentro principal el distrito de Ñacunday, donde por órdenes del Gobierno, el Indert pidió a técnicos topográficos de las FF.AA. realizar un trabajo de mensura sobre la situación legal de las tierras en disputa, lo que generó malestar en los colonos brasileños.

No obstante, desde el Gobierno se garantiza el respeto a la propiedad privada, mientras los productores señalan al presidente Fernando Lugo como principal responsable de la problemática.

En una reunión mantenida con los dirigentes carperos en la tarde de este jueves en la casa presidencial, Lugo pidió a los mismos que respeten la ley y esperen la resolución judicial sobre las tierras en cuestión.