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| EDICION IMPRESA | Viernes, 03 de Febrero de 2012

Con ajustes, Hacienda busca espantar la amenaza de crisis

El Ejecutivo emitió el Decreto Reglamentario del PGN 2012. Habrá más control sobre fondos transferidos a oenegés y municipalidades. Se pondrá en marcha también un plan de racionalización de gastos.

A partir de la reglamentación del Presupuesto General de la Nación 2012, el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, pone en marcha su plan para tratar de esquivar las derivaciones de lo que significa una crisis de deuda pública.

Los ajustes contemplados van desde el uso racional del teléfono y energía eléctrica en las instituciones, hasta contrataciones graduales de funcionarios y topes de incrementos salariales para contratados de la función pública (ver infografía).

También un mayor control sobre los fondos a ser transferidos a las organizaciones no gubernamentales (oenegés) y municipios y gobernaciones, cuyas administraciones deberán remitir sus respectivos informes de gastos a cada dos meses, para recibir los recursos del Tesoro.

De hecho, la Ley de Presupuesto 2012 ha incorporado, a iniciativa parlamentaria, artículos que establecen cambios, en el sentido de vincular y depender la transferencia de fondos a las oenegés y gobiernos municipales, conforme a la presentación de rendiciones periódicas de cuentas a Hacienda.

Dicho reporte deberá contener datos sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución, y en los cuales se deberán especificar las actividades desarrolladas y los recursos aplicados. De esta manera, se apunta a un mejor control sobre la calidad del gasto público.

PLAN FINANCIERO. Los técnicos de Hacienda se encuentran en plena etapa de elaboración del plan financiero, mediante el cual el Tesoro definirá cómo sobrellevará el año fiscal, sin terminar con saldo negativo.

ALTERNATIVAS. Entre las medidas recomendadas por el propio Borda, están analizar con el Congreso Nacional la aplicación de nuevos instrumentos que mejoren la recaudación tributaria, como el impuesto a la renta personal (IRP) y la creación del Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fondes), con los USD 240 millones extras que recibirá el país por la concesión de energía de Itaipú al Brasil.

Además, pedir al Parlamento no aprobar ampliaciones presupuestarias por iniciativa propia.

Como salió del Congreso, el PGN 2012 tiene un nivel de desfinanciamiento de G. 2,8 billones que, de llegar a ejecutarse plenamente, representa un déficit potencial de 3,6 %.

En este sentido, Borda aseguró que para poder cumplir con el Presupuesto, se requerirá un 37 % más que el 2011 en Tributación. Sin embargo, Hacienda previó solo un 16 % de aumento tributario para todo el año.

El PGN 2011 tuvo un desfinanciamiento de 1,8 billones de guaraníes y un déficit potencial de 2,7 % del PIB, pero se llegó a cerrar el año con un superávit de 0,6 % del PIB, lo cual abre una esperanza para Hacienda si ejecuta una buena administración.

El principal motivo de la disparada del déficit fue el aumento generalizado de salarios en la función pública que otorgó el Congreso. Así las cosas, nuevamente no habrá dinero suficiente para que el Gobierno pueda desarrollar en forma su política social.

LAS CIFRAS

2,8

billones de guaraníes (unos USD 600 millones al tipo de cambio actual) es el déficit con el que arrancó el año la Administración Central.

8.920

cargos nuevos en la función pública aprobó el Parlamento en el PGN 2012; 6.128 cargos más de los que planteó Hacienda al enviar el proyecto.

30 %

crecerá el gasto en personal este año, que se presenta como electoral. En total, G. 11 billones serán destinados para el pago de salarios.

DÉFICIT FISCAL

Al igual que cualquier persona, un Estado no puede gastar más de lo que recauda. Cuando esto sucede, es cuando se produce un déficit.

Así como se plantea el PGN, en 2012 se podría echar por la borda nueve años de cifras positivas.

Grecia es un buen ejemplo de lo que sucede cuando los números no cierran a nivel gubernamental; es decir, no tiene con qué pagar su deuda externa, se recortan los beneficios sociales y finalmente se termina con un estallido social. Todo, por el mal uso del dinero público.

Paraguay ya zafó de esta situación en el 2003.

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