FF. AA. amojonaron tierras que ya se descartó que sean fiscales

Luis Bareiro | lbareiro@uhora.com.py

Las 167 mil hectáreas de tierra demarcadas al sur del Alto Paraná y al norte de Itapúa por los técnicos de las FF. AA. -amojonamiento mediante-, son las mismas que ya habían sido objeto de discusión el año pasado, y que el propio Estado, a través de sus organismos técnicos y jurídicos, había concluido que no son suyas.

El área delimitada comprende básicamente una propiedad del empresario brasileño Tranquilo Favero, ubicada al sur del Alto Paraná, y otras varias que el Estado había recuperado en la década del 50, y que luego parceló y adjudicó entre 1970 y 1989.

Esas son, cuanto menos, las propiedades que aparecen delimitadas en el plano georreferencial que los propios militares entregaron ayer a la organización de carperos, luego de concluir su trabajo. Un plano que abarca unas 167 mil hectáreas de tierras públicas, según aseveró ayer José Gil López, abogado de los carperos.

Los militares, integrantes de la Dirección del Servicio Geográfico Militar (Disergemil), colocaron en el terreno puntos referenciales (mojones) para determinar la ubicación de esas tierras, según confirmaron dos de los principales líderes del grupo de los carperos, Eulalio López y José Rodríguez.

El trabajo se basó en un estudio realizado por la escribana Estela Maris de Rodríguez, según el cual existen en la zona miles de hectáreas de tierra del Estado que nunca fueron vendidas y otras que sí fueron enajenadas, pero que luego fueron recuperadas judicialmente. Un estudio que los carperos entregaron al Gobierno y que este, a través del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), remitió a la Disergemil, ordenando la realización de un amojonamiento para ubicar esas tierras en el terreno.

Lo curioso es que se trata del mismo estudio que ya fue objeto de discusión al interior del Estado, una discusión que concluyó con sendos informes de la Dirección Nacional de Catastro y de la Dirección General de los Registros Públicos, que descartan que en el lugar queden remanentes de tierras fiscales. Ambos informes fueron ratificados la semana pasada por la propia Escribanía Mayor de Gobierno.

FAVERO Y LOS BARTHE. Las propiedades que aparecen en el mapa georreferenciado que elaboraron los técnicos de la Disergemil corresponden en gran parte a las tierras que el Estado había vendido en 1888 y que luego recuperó, tras un largo litigio judicial, en 1958. El Estado litigó contra los herederos de Domingo Barthe, un acaudalado inmigrante francés que adquirió las propiedades de un grupo que las había comprado del Estado, pero que luego las perdió porque nunca pagó por ellas.

Esas tierras fueron registradas a nombre del Estado y en los Registros Públicos figuran como si nunca hubieran sido vendidas.

La Dirección de Catastro descubrió, sin embargo, que el Estado sí vendió las tierras. Lo hizo a través del Instituto de Bienestar Rural (IBR), primero, y luego de la entidad que le sucedió, el Indert.

El problema se dio porque ni el IBR ni el Indert registraron la creación de nuevos lotes, tanto en el Catastro como en los Registros Públicos, como desprendimientos de la finca madre.

Así, de acuerdo con Catastro, entre 1970 y 1989, el Estado parceló y adjudicó la totalidad de las tierras que había recuperado de los Barthe.

En el caso de la propiedad de Favero, en un primer momento se pensó que formaba parte de las tierras recuperadas de los herederos de Barthe. Registros Públicos descubrió, sin embargo, que el origen de esta propiedad era una finca que había sido adquirida por la firma argentina Carlos Casado, en 1890.