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POLITICA | 15:00 | Jueves, 26 de Enero de 2012

Franco tirotea contra Pakova y lo acusa de ser el principal responsable de la crisis por ocupaciones

El vicepresidente Federico Franco acusó al gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, de ser el principal responsable de la crisis desatada por las ocupaciones. Si en 2013 no se realizaran las elecciones, a causa de una convulsión social, "sería catastrófico", apuntó.

Franco manifestó que en la última reunión del Consejo de Ministros, el presidente de la República, Fernando Lugo, dijo que el gran responsable de esta situación es una persona muy allegada a él, es decir el gobernador de San Pedro.

Citó, por ejemplo, que el gobernador Ledesma "está incitando" la compra de un terreno para los indígenas en la zona de Unión, que según el Indi es una zona húmeda y no reúne las condiciones para el cultivo.

" Quién está detrás, a cualquier precio que se compre esas tierras, el gobernador Ledesma, qué intenciones tiene de perjudicar a los indígenas, el gobernador Ledesma lo sabe. Se habla de una ocupación en Ñacunday quién está, Ledesma; en Yguazú quien está, Ledesma; en Curuguaty quién está, Ledesma", lanzó el vicepresidente en jueves, tras una visita a la Cámara de Diputados, este jueves.

"El gobernador Ledesma, que es muy amigo del presidente de la República, es el principal responsable de esta situación", insistió.

Al ser consultado si cree en la hipótesis de que supuestamente se quiere crear un ambiente de inestabilidad como para no posibilitar las elecciones en el 2013, Franco dijo "que hay algunos acontecimientos que nos permiten deducir que eso puede ocurrir".

Sin embargo, apuntó que si ello ocurriere "sería catastrófico para la salud internacional del país".

La crisis por la tierra en Alto Paraná motivó la denuncia fiscal por parte de la Asociación de Municipalidades de Alto Paraná contra el presidente Lugo, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, el titular del Indert, Marciano Barreto y el coronel Santiago Vera Duarte, por delitos de atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.

Ante esta situación, el Gobierno analiza la posibilidad de suspender la mensura realizada por técnicos castrenses en Ñacunday.

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