El 11 de enero de 2002, la llegada a la base naval estadounidense en el este de Cuba de un avión militar en el que viajaban veinte prisioneros transformó una unidad de segunda categoría, con una dotación militar escasa, en el penal más polémico del mundo.

Doce de los presos que llegaron entonces permanecen aún hoy en Guantánamo, tras una década en la que al menos ocho reclusos han muerto en las instalaciones de alta seguridad de la cárcel, según denunció hoy Amnistía Internacional (AI).

Entre sus muros, que llegaron a albergar en su momento a casi 800 presos, siguen encerrados hoy 171 reclusos, a los que AI recordó hoy en una marcha desde la Casa Blanca hasta el Capitolio estadounidense.

Vestidos con monos naranja y bajo una intensa lluvia, 171 activistas -uno por cada detenido- se congregaron ante la mansión presidencial y más tarde ante la Corte Suprema y el Congreso, donde formaron simbólicas "cadenas humanas" para exigir, como cada 11 de enero desde hace diez años, el cierre de la prisión.

"Estados Unidos tiene un sistema legal internacionalmente reconocido, y no puede simplemente violarlo con un grupo de gente a la que decide poner en un agujero negro", dijo a Efe el director de asistencia jurídica de AI, Geneve Mantri.

El Gobierno de George W. Bush comenzó en 2002 a destinar a la prisión a los supuestos miembros de Al Qaeda aprehendidos en todo el mundo, a quienes declaró "combatientes enemigos ilegales", un nuevo concepto que le eximía de acogerse a la protección de la Convención de Ginebra.

Su sucesor, el presidente Barack Obama, aseguró a su llegada al poder que cerraría la prisión en el plazo de un año, y el incumplimiento de esa promesa promete ser una mancha en su campaña para la reelección este año.

A ella se suman dos decisiones que el mandatario tomó en 2011 y que dificultaron las perspectivas para la clausura del penal: la de restablecer las comisiones militares para juzgar a los presos, suspendidas cuando asumió la Presidencia, y la de firmar una polémica ley de gastos de defensa impulsada en el Senado.

Ese texto, sancionado el 31 de diciembre, prohíbe el uso de dinero público para transferir a detenidos de Guantánamo a suelo continental estadounidense, así como para construir instalaciones destinadas a acogerlos.

"Es absurdo pensar que esta ley pueda ayudar a enfrentarse al terrorismo", lamentó Mantri.

La Casa Blanca de Obama ha trasladado a un total de 67 presos fuera de Guantánamo, 40 de ellos a terceros países, según las últimas cifras oficiales.

A medida que se encamina a cerrar su larga guerra en Afganistán, Washington se plantea transferir a la custodia de ese país a al menos cinco presos retenidos en Guantánamo y considerados talibanes, con el fin de avanzar en las negociaciones con los insurgentes.

No obstante, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró hoy que el Gobierno no ha tomado "ninguna decisión acerca de la liberación de talibanes de Guantánamo".

Entre las organizaciones que exigieron hoy el cierre de Guantánamo se encuentra Human Rights Watch (HRW), el Centro para la Justicia y la Legalidad Internacional (CEJIL) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Estados Unidos debe determinar la legalidad de la privación de libertad de las personas allí recluidas, e investigar y sancionar efectivamente los actos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos contra los detenidos", indicó en un comunicado la CIDH, que solicitó permiso para una visita de supervisión a las instalaciones.

A las reclamaciones que urgen al respeto de los derechos humanos en Guantánamo se suma uno más práctico, el de quienes se niegan a seguir manteniendo una cárcel que, con un gasto anual de 800.000 dólares, se ha convertido en la más cara del mundo.

Lucía Leal