La situación de las mujeres relacionadas con las agresiones físicas pasan a ser reconocidas como parte de la vida cotidiana, y casi siempre están amparadas por el miedo, el silencio y la vergüenza.

Este dato se desprende del Informe Regional sobre los Mecanismos de Respuesta a la Violencia contra la Mujer en los países del Cono Sur, presentado ayer en la Bicameral. El encuentro continúa hoy.

El estudio fue elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para Brasil y el Cono Sur, con el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU mujeres).

Según el documento, estos factores hacen que las agresiones sobrepasen los límites del hogar solamente cuando resultan en la muerte de las mujeres, "muchas veces asesinadas por sus parejas o exparejas movidas por legítima defensa del honor", refiere.

La invisibilidad en las estadísticas nacionales, la resistencia de los sectores como instituciones y profesionales en reconocer la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos son otros factores que amparan este flagelo.

DAÑOS. El informe señala también que la violencia daña no solo la integridad de la mujer sino también la moral, anulando su capacidad de autodeterminación, lo que contribuye a que el círculo vicioso de dominación masculina y sumisión femenina continúe.

Así también, las prácticas de abuso sexual contra niñas y adolescentes, y entre parejas, siguen siendo una de las formas de violencia más encubiertas por el contexto doméstico y familiar.

LEYES. En el marco de esta problemática las mujeres tropiezan con otro inconveniente. Aunque todos los países de la región tienen legislaciones sobre la violencia familiar, la mayoría de estas leyes no tienen un enfoque de género.

Ese enfoque solo está contemplado en la Ley Integral aprobada recientemente en Argentina y Brasil. A excepción de estos países, la legislación no incluye medidas específicas para proteger a las mujeres en situación de violencia de género.

Por lo tanto, uno de los desafíos regionales que se mantienen tienen que ver con el ámbito jurídico, ya las leyes de violencia doméstica y familiar no favorecen en la protección de los derechos de las mujeres ni presentan dispositivos que permitan reducir las desigualdades sociales basadas en el género.

"Los informes nacionales comparten la preocupación con la baja efectividad en la aplicación de las medidas jurídicas apropiadas en el ámbito civil y penal en casos de violencia doméstica", señala el informe.

Las cifras

2.745

fueron los casos denunciados por violencia familiar.



58 %

de los casos tienen a las mujeres adultas como víctimas.



14 %

de los casos son niñas, mientras que el 15 % son niños y 13 % corresponde a hombres adultos.



60 %

de la violencia denunciada por las mujeres adultas es del tipo verbal psicológica, 29 % se trata de violencia física, 9 % de amenazas y 2 % de acoso sexual, según la Policía Nacional.