Una disposición que va contra lo que establece la Constitución del país debe considerarse nula, sostiene el abogado laboralista Jorge Darío Cristaldo, para quien el régimen jubilatorio que tienen los legisladores paraguayos se halla en esta situación.
Los legisladores del país pueden jubilarse con cinco años de aporte a la Caja Parlamentaria, y acceder al 30 % de lo que arroja la suma de dieta (honorarios) y el rubro que perciben como gastos de representación.
"Son decisiones totalmente contrarias a la Constitución; en consecuencia, técnicamente son nulas, desde el momento en que la Constitución habla de un régimen jubilatorio uniforme para todos los que prestan servicios para el Estado, bajo cualquier título", dice.
Los parlamentarios, agrega, se otorgan jubilaciones "privilegiadas", en contradicción con el artículo 103 de la Constitución, que habla de un régimen igual para todos los funcionarios públicos.
"Por eso es que son decisiones totalmente arbitrarias que constituyen una bofetada al pueblo, que gana muchísimo menos y trabaja mucho más. La ley de IPS exige 25 años de aporte y la edad de 60 años para tener derecho a jubilación". En cambio, jueces, legisladores, militares y policías tienen sus propias cajas "con su régimen de privilegio y están esquilmando al país", cuestiona.
A lo que hay que agregar, dice, que "encima, el servicio que prestan es pésimo, deficiente, corroido por todas las vicisitudes que se cometen", resalta.
ANTECEDENTES. Por una ley que rige hace un buen tiempo, los parlamentarios requieren apenas cinco años para aporte (un solo periodo legislativo) para acceder a una parte de su jubilación. De confirmarse en el Senado, los aumentos decididos por Diputados en los haberes legislativos significarían unos G. 4.500.000 mensuales. Es decir, lo equivalente al 30 % de los 15.074.840 que recibirán desde el 2011, sumados dieta y gastos de representación. Aquel diputado o senador que aporta 10 años (dos periodos legislativos) tiene derecho a una jubilación equivalente al 60% de las dietas, más gastos de representación que perciben el año en que se jubilan. Y quienes hayan aportado 15 años (3 periodos) ya tendrán derecho a una jubilación completa.
"Se crea la percepción de que hay unos personajes que toman la política como la acción para ocupar cargos, no para el servicio público, sino exclusivamente para mejorar sus condiciones presentes y futuras de vida. Este tema de las jubilaciones especiales es repugnante", dice Cristaldo.
"CADA PERIODO ES PEOR QUE EL ANTERIOR"
Los legisladores tienen la obligación moral de determinar de qué origen serán los fondos que respaldarán los aumentos presupuestarios que están realizando. Eso opina José Antonio Bergues, consejero de la Asociación de Empresarios Cristianos.
Sobre los privilegios, como el sistema de jubilación especial, que gozan los parlamentarios, dice: "La gente piensa que cada periodo legislativo que se ha venido sucediendo desde la caída de Stroessner es peor que el anterior. Nota las incoherencias y la pobre gestión", señala. Para él es un absurdo que un legislador perciba haberes ampliamente superiores a los de un ministro de Hacienda, por ejemplo.
Por eso, comprende "la desazón" de la ciudadanía hacia quienes supuestamente son sus representantes, que no responden a las expectativas de calidad de gestión, "y encima se asignan aumentos salariales" .