Por Susana Oviedo soviedo@uhora.com.py

En una muestra de prepotencia y no contentos con utilizar la sesión para denostar, increpar y humillar al ministro de Acción Social, los diputados aprobaron la semana pasada una declaración por la cual exigieron un pedido de disculpas a este funcionario.

Pablino Cáceres, titular de la Secretaría de Acción Social (SAS) había acusado de desalmados a los diputados por negarse a aprobar una ampliación presupuestaria para los subsidios a personas en extrema pobreza, y aumentar, en cambio, fondos para los partidos políticos.

El trámite de la disculpa se cumplió. Cáceres acudió personalmente a la Cámara Baja y además de solicitar disculpas verbalmente, lo hizo por escrito, a través de una nota oficial. Pero para algunos diputados el gesto no fue suficiente.

Si la administración de Cáceres es ineficiente, desprolija o corrupta, existen los mecanismos legales, institucionales y políticos para corregir la situación. Incluso promover su destitución si méritos suficientes hubiere.

Más aún si tienen la certeza que dicen tener los congresistas de que el titular de la SAS ha incurrido en malversación y aumentar de manera antojadiza el número de beneficiarios del Programa Tekoporã, sin prever los recursos para transferir el subsidio a las familias en extrema pobreza.

Si lo que efectivamente motiva a los diputados y senadores es el deseo de un manejo transparente y correcto de los recursos para los más carenciados del país, entonces, antes que exigir que el ministro de Acción Social les pida perdón, desde el principio debieron haber hecho lo que finalmente decidieron el martes último: solicitar la intervención de la Fiscalía y la Contraloría General de la República.

Es lo que corresponde cuando las denuncias son serias y están debidamente fundadas.

Las posturas jactanciosas que rayan la soberbia no conducen a nada, y solo aumentan la impopularidad de los miembros del Congreso Nacional.

Es lo que cabe cuando se propicia la vigencia de los derechos humanos, en lugar de aumentar la sensación de ser despreciada en la gente que sobrevive gracias a la bonificación que otorga el Estado.

Además de la humillación para el funcionario que cuestionan, ¿creen acaso los diputados que así se ganan el respeto y borran el aún no redimido estigma que llevan como Cámara de la Vergüenza?

Salvo algunas honradísimas excepciones, la mayoría de los diputados y senadores del país son los que deberían pedir disculpas. Y deberían hacerlo por traicionar a los ciudadanos que votaron por ellos, confiados en que iban a representar sus intereses y de que se jugarían por el país.

Tendrían que pedir perdón por no honrar la investidura y actuar movidos exclusivamente por sus intereses particulares y sectoriales. Algunos deben disculparse también ante los compatriotas por perpetuarse en el cargo, sin aportar nada; y otros, por contribuir a la mediocridad de la función legislativa.

Muchos lo deben hacer por llegar tarde, por raboneros consuetudinarios y realizar viajes de turismo con dinero público.

Otros, por las palabras procaces que emplean y por empobrecer el debate parlamentario, comercializar sus votos al mejor postor o por actuar con mezquindad, bloqueando los proyectos de ley de iniciativa popular o enviados por el Ejecutivo, como el impuesto a la renta personal o el que elimina las listas sábanas.

Finalmente, los legisladores deberían pedir perdón porque ni siquiera saben ejercer la función de control o fiscalización de los otros poderes del Estado.