Por Susana Oviedo

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En el cruce de acusaciones y aclaraciones entre parlamentarios y Pablino Cáceres, titular de la Secretaría de Acción Social (SAS), sobre el manejo de las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades (TMC), subsidio destinado a familias que viven en la extrema pobreza, está en juego la supervivencia de muchos niños y adultos.

Tal es el caso de la familia de Lilian Pérez (32), madre de siete niños. Ella vive en el entorno del vertedero de basuras Cateura, donde trabaja en la selección de residuos reciclables, pero hace tres semanas que guarda reposo, luego de haber sido operada por apendicitis aguda. En consecuencia, todos en su hogar dependen exclusivamente de lo que el hijo de 17 años gana en trabajos de construcción y de lo que el padre de los niños, que ya no vive con ellos, les pase ocasionalmente.

La familia de Lilian es beneficiaria de la TMC del Programa Tekoporã.

Llegó a cobrar 440 mil guaraníes, por dos meses; en marzo y, la última vez, en julio. Desde entonces aguarda con mucha esperanza que le vuelvan a entregar esa bonificación, aunque la SAS anuncia que lo hará solo por una vez más, tras las elecciones municipales del domingo próximo, ya que la institución quedó sin fondos.

El diputado Carlos Liseras (ANR), presidente de una comisión especial creada en junio para fiscalizar los programas de transferencia monetaria que maneja el Gobierno, dice que la culpa de que eso esté ocurriendo es de Pablino Cáceres, ministro de Acción Social: "Él aumentó de forma irresponsable el número de beneficiarios. Tenía dinero para 87 mil familias hasta diciembre. Sin embargo, se convierte en un superpoder y unilateralmente aumenta la cobertura a más familias, sin antes explicar que necesitaba más plata. Después recién pide una ampliación para el periodo octubre- diciembre", alega.

En cambio, Julio Otazú, director de Tekoporã, explica que de hecho iba a faltar el dinero, porque les recortaron el presupuesto para este año. "Además, porque los fondos para las transferencias se calculan sobre un promedio de 150 mil guaraníes por familia, considerando que las TMCs van desde un mínimo de G. 115 mil a un máximo de 290 mil, dependiendo del número de niños, personas con discapacidad y adultos mayores que haya en cada unidad familiar", aclara. Pero la realidad de la pobreza extrema supera todo cálculo. Se halla en familias como la de Lilian, con una prole numerosa.

DE CARNE Y HUESO. "Cuatro de mis hijos estudian; tres van a la escuela y uno al colegio. Yo trabajo como ganchera. Sin ese subsidio, muchos vamos a ser muy perjudicados. Yo equipé a mis hijos para la escuela y compré víveres las veces que cobré la bonificación", afirma.

Amalia Zeballos (58), su vecina, también recibe el subsidio. Madre de cuatro hijos, todos adultos, dos de los cuales están en Argentina, actualmente vive sola y cuida a una niñita, cuya madre ganchera se fue del país hace más de tres años, sin que hasta la fecha se haya reportado. La niña ya va al jardín de infantes y cumplirá 5 años.

Amalia destinó gran parte del subsidio de 230 mil guaraníes, equivalente a dos meses, a comprar ropa, zapatos, medicamentos y útiles escolares a la pequeña bajo su cuidado. Tanto la niña, que es alérgica, como ella, que es hipertensa, requieren de medicación permanente.

"Me ayudó ese dinero, porque yo gano solo G. 50 mil semanales haciendo servicio doméstico en casa de un sobrino, cuyo hijito también queda a mi cargo, mientras los papás trabajan en el vertedero", cuenta. Por la tarde, ella también va a Cateura para juntar comida para los cerdos y gallinas que cría. "Para entrar allí, pago G. 5 mil semanales; junto pan, mandioca, empanada; todo lo que sea comestible", cuenta. Luego de 10 años viviendo en una casa precarísima, ahora Amalia tiene una de emergencia, construida por Un Techo para mi país. Ella y varias madres aguardan con expectativa un nuevo pago del subsidio de la SAS.

LISERAS DICE QUE HAY DUDAS SOBRE LISTA DE BENEFICIARIOS

El diputado Carlos Liseras asegura que hay una cantidad de gente que aparece sin cédula de identidad en la lista de beneficiarios de las transferencias monetarias.

"Pueden ser más de mil. ¿Qué seguridad tenemos de que no son nombres ficticios que están utilizando para acceder al beneficio?", pregunta el legislador, uno de los que investigan el manejo del subsidio destinado a las poblaciones indigentes del país.

Cuenta como un hecho sospechoso que en el padrón de beneficiarios aparezca una persona con cédula de identidad número uno y otras con el número tres. "El Departamento de Identificaciones nos informó que corresponden a otros nombres, no los que aparecen en la lista de la SAS", explica. "El subsidio va a seguir", asegura, pero pedirán más informes.

Julio Otazú, director del Programa Tekoporã, explicó que esos números en realidad son códigos internos de la institución, con los que se señala que el documento de identidad está vencido, en trámite o que la persona carece de este. "Fue un error no haberles aclarado estos códigos en el informe al Parlamento", reconoce. Aclara, no obstante, que el pago del subsidio se realiza a través de bancos y estos no pagan si la persona carece de cédula.

"VAMOS A ACLARAR

TODAS LAS DUDAS"

"Presentaremos a la Fiscalía y al Congreso la lista actualizada y depurada de beneficiarios. Hay que entender que esto se irá puliendo, si hay voluntad de perfeccionar este sistema entre todos. Vamos a aclarar todas las dudas. Hay gente que ni siquiera tiene cédula. Necesitamos como mínimo 200 facilitadores más para los distritos en los que estamos entregando el subsidio, pero falta acompañamiento a las familias".