La Carta Magna dispone que las funciones del Fiscal General y del Contralor duran cinco años. Y que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral se integran con nueve y tres ministros, respectivamente. Para la renovación de estos cargos exige el acuerdo del Legislativo y del Ejecutivo.

Así estamos frente a problemas de elección y para completar los miembros que establece la Constitución. Es decir, frente a una situación de institucionalidad resquebrajada. Por lo tanto, ante un mapa republicano en el que se debilita el control jurídico y administrativo de rigor.

Con la República, se instauró el Poder Judicial como contrapeso de los poderes representativos, y de cuya legitimidad depende el bienestar general. La doctrina pretende asegurar que la cosa de todos -la res-publica- no sufra apropiación ni corrupción. Pero como la acción de la Justicia no fue suficiente ni garantía de imparcialidad, honradez y transparencia, la modernidad creó tres poderes más: la Contraloría, para auditar las actividades económicas y financieras del Estado; el Ministerio Público (Fiscalía), para representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado; y la Justicia Electoral, para garantizar el sufragio democrático.

Estos poderes son fundamentales para el funcionamiento institucional de la República. Su irregular circunstancia no invalida sus resoluciones o dictámenes. Pero no pueden continuar con esta anor- malidad. Retrotraen al Paraguay al feudalismo -teocrático, por un lado, y populista, por el otro-, donde la dictadura de dos poderes lleva al constante enfrentamiento, que impide el avance a la democracia.

Como esto no puede seguir sin exponer a una crisis más profunda de la institucionalidad, el Ejecutivo y el Legislativo están urgidos a renovar y completar esos poderes. En bien del país, deben renunciar al cuoteo político, lealtades e improvisaciones, para seleccionar a los profesionales que, por sus antecedentes, idoneidad y méritos, servirán para la mayor eficiencia de esos órganos. De no ser así, la ingobernabilidad perjudicará todavía más al país. Se impone, pues, dialogar y coordinar para mejorar esos poderes falazmente subalternizados. Acordar para elegir a profe- sionales notoriamente calificados, que serán legitimados por la ciuda- danía por su integridad, competencia y confiabilidad. Y que al estar capacitados para honrar a la autonomía de esos poderes, se constituirán en garantes de nuestra sociedad.