Es necesario acabar con el monopolio de Copaco para el acceso a Internet

Actualmente los proveedores de Internet pueden conectarse a nivel internacional en forma directa vía satélite. Por este medio la velocidad de enlace es sumamente lenta: 34 mbps. Este ancho de banda es mucho más reducido que el que ofrece la fibra óptica, cuyo enlace es de 155 mbps.
Sin embargo, para usufructuar ese canal es imprescindible, por ley, recurrir al servicio de línea baja de la Copaco, o convertirse en un proveedor del mismo servicio de acuerdo a una disposición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Esto es, lisa y llanamente, un monopolio.
El artículo 107 de la Constitución Nacional, en el capítulo de los derechos económicos, al hacer mención a la libertad de dedicarse a una actividad lícita "dentro de un régimen de igualdad de oportunidades", en su segundo párrafo, sostiene: "Se garantizará la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia".
La Carta Magna es más que clara: nadie puede apoderarse total y exclusivamente del mercadeo de un determinado bien que la sociedad utiliza para satisfacer alguna necesidad concreta.
Por otro lado, y como una prueba más de que la Conatel y la Copaco actúan en connivencia para obtener los máximos beneficios quién sabe con qué dudosos fines, está el elevado precio del servicio de conexión a Internet que brinda: 160.000 guaraníes mensuales por solo 64 kbps.
En la Argentina, en cambio, por 100.000 guaraníes se consigue el usufructo de 640 kbps. En Nicaragua –un país centroamericano que tiene similares condiciones económicas que el nuestro–, por 153.000 guaraníes los clientes pueden utilizar 512 kbps. En todos los casos los enlaces son más baratos y más veloces.
La desactualizada política regulatoria de las telecomunicaciones determina el alto precio de Internet, impidiendo que mayor cantidad de personas puedan contar con esta herramienta esencial en el mundo de hoy. En el Paraguay apenas 3 personas de cada 100 –el índice más bajo dentro de las naciones del Mercosur– pueden navegar en las páginas web.
Con el corte del suministro que hubo el miércoles pasado se ratificó que todo monopolio es nocivo. En pocas horas arrojó cuantiosas pérdidas. Si hubiera habido competencia solo una parte del mercado iba a ser afectado.
Ante estos hechos es necesario que los legisladores tomen cartas en el asunto y elaboren un proyecto de ley que anule el monopolio y abra el mercado como establece la Constitución. Lo que la ciudadanía espera es que haya condiciones más favorables para que mayor cantidad de personas puedan utilizar el básico beneficio de Internet para hacer realidad el derecho a la información.