El ministro detalló en una rueda de prensa que la División de Asuntos Antinarcóticos de la embajada estadounidense en La Paz respondió positivamente a una solicitud de recursos que Bolivia hizo en mayo para quemar la coca, base para la producción de cocaína, lo cual generó un debate en el Gobierno de Morales.
La Constitución que promovió Morales y promulgó en 2009 dice que "el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social", y añade que "en su estado natural, no es estupefaciente".
El mandatario, quien es también líder de los sindicatos de los cocaleros del centro de Bolivia, cargo que mantuvo después de asumir el poder en 2006, ha gestionado con escaso éxito, ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la despenalización de la coca.
Y precisamente, esa quema de coca generó un debate en el Gobierno porque algunos funcionarios, como la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, se han opuesto a destruir la planta consagrada como patrimonio cultural en la Constitución.
Según Achacollo, la coca incautada debe ser guardada hasta que se concreten los proyectos gubernamentales para su industrialización.
Por su parte, el director de la oficina estatal de Comercialización e Industrialización de la Coca, Luis Cutipa, que dice que la Constitución establece que la coca es patrimonio cultural, pero no prohíbe quemarla, mientras que la Ley 1008 sí ordena incinerar la decomisada a narcotraficantes.
La oficina de Cutipa informó en mayo que desde 2008 más de 800 toneladas de coca se han acumulado en depósitos por falta de presupuesto para la quema establecida en las normas.
La incineración de un kilo de coca cuesta entre 1,80 y 2,40 bolivianos en gas y leña, de modo que se necesitaban ya en mayo al menos 1,6 millones de bolivianos (unos 224.000 dólares).
Cáceres dijo hoy que la fuerza antidrogas ha decomisado 21,7 toneladas de cocaína y 965 de marihuana en lo que va de 2010, y que en el mismo período fueron erradicadas 4.813 hectáreas de plantaciones ilegales.
