Organizaciones civiles calificaron ayer de "vergonzosa" la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte, a instancias del ministro Miguel Óscar Bajac, que sentó jurisprudencia en contra de la lucha contra la corrupción y los poderosos.

En conferencia de prensa, el ex magistrado Roque Orrego, representante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y Marta Ferrara, de la organización Semillas para la Democracia, dieron a conocer la postura de varias organizaciones civiles respecto al fallo en cuestión.

En el comunicado a la opinión pública, sostienen que la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte viola el régimen legal de la Constitución Nacional y del Código Procesal Penal.

Puntualizan que, con esta resolución, "la Corte estableció un obstáculo que dificultará al pueblo paraguayo conocer y sancionar con pruebas a los responsables de graves hechos de corrupción pública y otros delitos complejos altamente lesivos".

Subrayan que la medida dictada sienta un precedente que hará prácticamente imposible volver a investigar y recoger pruebas que condenen a gente con poder económico y político, "ahondando la odiosa desigualdad de nuestra justicia cuando juzga a ricos y pobres, poderosos y vulnerabilizados".

CRÍTICA ÁSPERA. En otra parte, las organizaciones civiles cuestionan duramente los detalles de forma y de fondo de la sentencia del ministro Bajac, que anuló pruebas grabadas de presuntos hechos punibles atribuidos al ex canciller Rubén Melgarejo Lanzoni y al ex fiscal Juan Claudio Gaona.

"Es una vergüenza pública que en diez párrafos redactados con errores de sintaxis y frases argumentales confusas, los ministros hayan seudofundado su resolución", subrayan.

Apuntan que en la resolución se sostiene que el sólo hecho de que el Ministerio Público no proporcione al juez el nombre de la persona cuya conversación sería grabada, impide que el juez conceda la orden a la que le faculta el código de un modo razonable, ajustándose a la Constitución y la ley.

"Solo por ese detalle declara nula la evidencia recogida por el Ministerio Público para aprobar un delito, similar a tantos que cotidianamente distorsionan el buen ejercicio del poder público", enfatizan.

Finalizan en que el fallo demuestra que varios ministros de la Corte "no tienen preparación ni ética para interpretar la ley".

Pedido a la clase política

El ex magistrado Roque Orrego sostuvo que la clase política viene protegiendo a ciertos magistrados, a lo largo de la historia de lucha por la depuración del Poder Judicial.

No obstante, dijo que creen que ahora están señalando un fundamento concreto para que sea investigado el ministro Miguel Óscar Bajac.

"Sabemos que existen otros ministros que establecen odiosas desigualdades, que dicen blanco en un momento dado y en la misma situación de hecho fundado en la misma ley dicen negro, cuando es otro el que hace el requerimiento o el pedido", recalcó.

Aseveró que con la sentencia en cuestión "estamos ante una decisión arbitraria y como sociedad civil organizada tenemos que condenar".

Orrego señaló que la gente en general está cansada y espera que la clase política se compadezca ante esta situación y accione.