Mediante el decreto 4.484/10, el mandatario rechazó la ley que restituía las 6 horas laborales en la función pública y por la que la semana pasada marcharon por la capital los afectados por la normativa.

Lugo se basó en los dictamenes emitidos por el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Secretaría de la Función Pública que recomendaban rechazar la ley que reinstituía el horario a los estatales.

La normativa vuelve al Parlamento donde deberá ser tratada nuevamente en la Cámara de origen, Diputados.

El 20 de mayo, en un encuentro realizado en Iturbe, el presidente Lugo había dicho que quiere trabajar 16 horas por día cuando se le consultó sobre el tema. En ese entonces, adelantó que había argumentos a favor del veto; pero no obstante dijo que se permitiría estudiar y luego tomaría la decisión.

"Acá hay una cuestión de la Corte; de inconstitucionalidad. Así es que hay un argumento jurídico fuerte para vetar (la ley), pero lo vamos a estudiar durante la semana", había referido el presidente en mayo pasado.

El ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, reconoció que sobrevendrán protestas y manifestaciones y llamó al diálogo a sectores públicos y privados, incluido el Parlamento para reducir al mínimo las tensiones.

El secretario de Estado explicó que el propósito es reducir al mínimo las diferencias entre sectores públicos y privados basados en lo que recomienda la Organización Mundial del Trabajo, que son 8 horas laborales.