Representantes de organizaciones de la sociedad civil, Semillas por la Democracia (SD), Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), solicitaron al Congreso tomar medidas políticas contra el Consejo de la Magistratura, porque esta institución renunció a cumplir con su deber constitucional de seleccionar a los candidatos a jueces y fiscales.

Marta Ferrara (SD), María Victoria Rivas (CEJ) y Agustín Carrizosa (CIRD) hablaron con el titular del Congreso Nacional, Miguel Carrizosa, y le entregaron una nota en la cual denuncian la existencia de una grave crisis institucional.

"Bajo el falso argumento de que la Corte Suprema de Justicia no cumple con su deber de nombrar a los jueces ternados, consideramos que el Consejo de la Magistratura desobedece su principal deber constitucional, establecido en el artículo 264 de la Carta Magna", afirmaron los representantes de las tres organizaciones.

Ellos pidieron que el Congreso Nacional "tome las medidas a su alcance para subsanar tal situación, considerando incluso la importante vacancia en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que aún no ha sido resuelta por el Consejo de la Magistratura".

También criticaron la actitud del titular del Consejo el diputado Gustavo Mussi (del Unace), que decidió no remitir a la Cámara de Senadores la terna seleccionada para llenar la vacancia del TSJE.

"Volvemos a señalar que esto debilita la legitimidad de otro de los pilares fundamentales de la República: el derecho al sufragio libre, universal y secreto, cuyo garante es justamente el TSJE, que el Consejo de la Magistratura insiste en mantener incompleto, basado en intereses ajenos a la voluntad y al interés general de los ciudadanos y ciudadanas", afirmaron.

Los denunciantes señalaron que el Congreso puede tomar las medidas contra el Consejo, a través de sus representantes en el órgano en cuestión, como a través de los mecanismos de control y contrapeso entre poderes.