El juez de Paraguarí, Blas Francisco Cabriza, levantó los embargos que pesaban sobre la sociedad Ycuá Bolaños y sobre los bienes de los procesados que fueron absueltos en el juicio oral: María Victoria Cáceres de Paiva, Agustín Alfonso y Antolina Burgos de Casaccia. Se trata de cerca de G. 60 mil millones.

El martes, el Parlamento aprobó una ley que indemniza en diversas escalas a los afectados por el incendio, por un monto de US$ 30 millones.

Con esta resolución, según los abogados de los afectados por el incendio, se hace más difícil que las víctimas que no tienen demandas civiles o laborales cobren indemnización por las muertes de parientes y lesiones sufridas el 1 de agosto del 2004, en el siniestro del supermercado, que costó unas 370 víctimas fatales.

La resolución del juez es para hacer efectiva la sentencia que condenó a los acusados Juan Pío Paiva, Humberto Casaccia, Víctor Daniel Paiva y el guardia Daniel Areco. En el mismo fallo, se había dispuesto el levantamiento de los embargos de los bienes de la sociedad Ycuá Bolaños, y de los absueltos.

El magistrado mantuvo los embargos para los condenados que son accionistas, Juan Pío Paiva y Humberto Casaccia, quienes eran propietarios del 1% de las acciones de la sociedad, de donde las víctimas podrán cobrar.

Según la distribución de acciones, que quedó estampada en el acta de la asamblea de accionistas del 2 de abril del 2004, la principal accionista es Viviana María Paiva Cáceres, hija de Juan Pío Paiva, que tiene el 58% de las acciones. La misma no es procesada ni imputada del caso.

MAGISTRADO. Nuestro corresponsal en Paraguarí, Carlos Oviedo, entrevistó al juez Cabriza, quien dijo: "He levantado el embargo de la sociedad, no así contra las personas condenadas, para que vaya a lo Civil para que puedan cobrar los trabajadores que tienen sentencia en lo Laboral y los que tienen acuerdos, así como el resarcimiento a las víctimas". Explicó, además, que ante su juzgado se puede acudir para el procedimiento de reparación del daño.

ABOGADOS. Según los abogados querellantes, Ricardo Latasa y Antonio Morínigo, con la decisión del magistrado es muy difícil que las víctimas cobren la indemnización, salvo que tengan todavía procesos civiles contra la sociedad Ycuá Bolaños.

Alegó que hace rato la empresa había pedido el levantamiento de los embargos. Refirió que era cuestión de horas, y que esperaban la decisión del magistrado Blas Cabriza.

Por su parte, el abogado querellante Antonio Morínigo remarcó que había una posibilidad más lejana de que las víctimas llegaran a cobrar el dinero de la indemnización.

Aseguró que no manejaba las cifras, pero que las acciones de los condenados eran mínimas con respecto a la sociedad Ycuá Bolaños.